Democracia a la Española

DEMOCRACIA A LA ESPAÑOLA

Autor: Geromín

En la década de los años sesenta y con el fin de promocionar la entonces incipiente industria turística, se acuñó el célebre eslogan “Spain is different”. Esta frase que alcanzó unos elevados niveles de popularidad fue duramente criticada por diversos sectores, a pesar de lo cual ha permanecido vigente durante mucho tiempo. Probablemente no sea de aplicación a todos los aspectos de nuestra vida pero, pese a quien pese, es una realidad en otros, como es el caso que nos ocupa de la “Democracia a la Española”.

Durante el proceso histórico, conocido como “La Transición” se produjo en España un profundo cambio político al pasar de un sistema autocrático a un régimen democrático respetando, en cada instante, la legalidad vigente.
En esos momentos hubo que improvisar, o por lo menos no meditar suficientemente, algunas leyes que se aprobaron, porque primaba el celebrar, a la mayor brevedad posible, unas elecciones democráticas en las que participaran todos los partidos políticos y de esta forma recibir el reconocimiento internacional que posibilitara nuestra incorporación a los distintos foros e instituciones democráticas, tanto en Europa como en el resto del mundo.
Este objetivo se alcanzó en un periodo reducido de tiempo, pues transcurrieron menos de dos años entre el fallecimiento del anterior Jefe del Estado (20/11/1975) y la celebración de dichas elecciones (15/06/1977).
Los historiadores coinciden en señalar que esta etapa puede considerarse como una de las más positivas para España en los últimos dos siglos de nuestra historia, al existir un objetivo común y prevalecer el consenso sobre el enfrentamiento en las actuaciones de los partidos políticos.
Transcurridos treinta años desde la celebración de estas elecciones, podemos afirmar que el proceso iniciado con tanta ilusión se ha ido desvaneciendo con el tiempo y ha desembocado en la situación actual, en la que existe un importante déficit democrático que se viene incrementando con el paso de los años para llegar a convertirse en una “partitocracia”.
En mi opinión, ello se debe: por un lado, al comportamiento de los partidos políticos; por otro, a las propias personas que participan en la política y, finalmente, a los serios defectos que presenta la legislación aprobada para regular los procesos electorales.
Vamos a analizar cada uno de estos factores en los que se sustenta el sistema, indicando los fallos existentes y las posibles soluciones que, a mi modo de ver, deberían adoptarse para acercarnos a una verdadera democracia.

1.- PARTIDOS POLÍTICOS
El artículo 6 de la Constitución Española establece que “los partidos políticos expresan el pluralismo político, concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular y son instrumento fundamental para la participación política”.
Una definición técnicamente incuestionable que no se corresponde con la realidad. Su comportamiento ha ido derivando por otros derroteros con el único objetivo de controlar el resto de las instituciones y poderes del Estado para convertirse en auténticos centros de poder.
Venimos asistiendo atónitos a una lucha cainita entre partidos para designar los miembros del Consejo General del Poder Judicial, del Tribunal Constitucional, de las Salas de lo Penal del Tribunal Supremo, de la Audiencia Nacional, de los Tribunales Superiores de Justicia, etc.
Lamentable espectáculo que, básicamente, busca asegurarse sentencias favorables en aquellos desmanes o delitos que pudieran cometer en el ejercicio del poder, aunque estas maniobras mantenga paralizadas las instituciones.
Igualmente se han nombrado personas adictas y sumisas para cargos tan importantes, como son el Gobernador del Banco de España, los Presidentes de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, de la Comisión Nacional de la Energía, del Tribunal de Defensa de la Competencia, de la Comisión Nacional del Mercado de las Telecomunicaciones, etc.

En lo referente a su forma de actuar, los partidos, como afirma Enrique Gil Calvo, tienen tres agendas de trabajo, totalmente diferenciadas, con los siguientes contenidos:
* Agenda excluida. Incluye los temas de interés general, que no suscitan debate entre la población ya que, en principio, todos están de acuerdo. Sirvan como ejemplo, el cambio climático, el sistema de pensiones, el estatuto de los trabajadores, el funcionamiento de la justicia, el caos del sistema educativo, etc. Al no provocar polémica y a pesar de que son problemas reales de los ciudadanos, se quedan fuera del debate político.
* Agenda oculta. Contiene los asuntos que interesan al partido y por tanto son los esenciales para su actividad. A su resolución se dedican casi con exclusividad, a espaldas de los ciudadanos que desconocen su existencia y, por supuesto, su contenido.
* Agenda retórica. Comprende las materias que forman parte de la representación teatral a la que asistimos y en los que se centra el debate político, aunque no interesen a los ciudadanos, ya que en su discusión se puede desgastar al adversario que, presuponen, tiene una postura contraria a la suya. En la pasada legislatura, hemos tenido ejemplos claros de estos temas como han sido: EL ESTATUTO DE CATALUÑA, que después de la polvareda levantada, al final fue aprobado por menos de la tercera parte del pueblo catalán; LA LEY DE MEMORIA HISTÓRICA que ha pasado con más pena que gloria ante la indiferencia del pueblo que lo considera un capítulo cerrado, aunque los políticos intenten reabrirlo para radicalizar y movilizar a sus votantes; LA ALIANZA DE LAS CIVILIZACIONES, megaproyecto del Sr. Rodríguez Zapatero, que ha causado hilaridad en todos los foros internacionales y le ha aislado políticamente, según hemos podido comprobar en las tristes imágenes recibidas de la última reunión de la OTAN celebrada en Bucarest; EL MATRIMONIO ENTRE HOMOSEXUALES, que después de unas sesiones parlamentarias duras y pesadas, no ha encontrado la repercusión deseada por sus promotores, aunque haya resuelto casos personales.
Como vemos, el debate sobre los intereses de los ciudadanos, que se centran en el paro, la vivienda, la carestía de la vida, la seguridad ciudadana, la inmigración, el funcionamiento de la justicia, el caos del sistema educativo, etc. es sustituido por el debate sobre los intereses de los partidos.
El propio Manuel Marín, anterior Presidente del Congreso, ha expresado su desencanto y decepción por el desarrollo de la legislatura en la que no se han resuelto las demandas de los ciudadanos al primar el enfrentamiento y la crispación para desgastar al adversario.
También es de reseñar cómo estas organizaciones, dentro de su línea de actuación, han acabado por secuestrar la democracia participativa, negándosela incluso a sus propios afiliados. Sirvan como ejemplo de esta afirmación, la denominación digital por el Sr. Rodríguez Zapatero de Miguel Sebastián como candidato a la Alcaldía de Madrid, despreciando e ignorando las normas internas del partido socialista; la designación, también a dedo, por el Sr. Rajoy de los nuevos portavoces del partido popular en el Parlamento, sin consulta previa alguna con la dirección de su partido, o la celebración del próximo Congreso del partido popular en el que los compromisarios elegidos y seleccionados por las direcciones provinciales vienen con el voto impuesto. ¿Costaría tanto celebrar unas elecciones directas en las que votaran todos los afiliados al candidato que prefieran, libremente y sin intermediarios?
Evidentemente este sistema no agrada a los burócratas del partido, pero esa es la verdadera democracia, que tanto pregonan y defienden en sus mítines.

Otro punto candente para los partidos políticos es su financiación. Los partidos son auténticas máquinas de gastar dinero. Ingresan subvenciones generosas del erario público. Por ejemplo, el grupo socialista del Congreso, en la pasada legislatura, recibió 3,3 millones de euros/año. Perciben igualmente subvenciones por votos recibidos y por escaños conseguidos. A pesar de todo siguen siendo deficitarios. A principios del pasado año, el partido socialista debía 62 millones de euros a las entidades financieras.
El Tribunal de Cuentas, con el retraso que le caracteriza, viene denunciando la opacidad en la financiación de los partidos y su imposibilidad para controlar esta faceta.
Los partidos dependen de los préstamos que les facilitan las entidades financieras que, a menudo, son condonados sin que nadie lo denuncie ante los Tribunales por el daño que esta práctica causa a los accionistas de la entidad.
Por ejemplo, en mayo de 2006, el Banco de Santander perdonó al partido socialista una deuda de 12 millones de euros. ¿Tendría que ver algo esta decisión con el posterior archivo del caso de las cesiones de crédito que imputaba a Emilio Botín?
Los bancos nunca han considerado la deuda de los partidos políticos como una pérdida sino como una inversión negociada, ya que con ello controlan las decisiones de los partidos, que nunca serán perjudiciales para sus intereses.
A este tipo de financiación que podríamos denominar visible debe añadirse la financiación oculta o ilegal que se viene practicando de forma sistemática en todos los partidos políticos. Consideremos como ejemplos, la del PNV con los casinos del País Vasco; la de CIU con el 3% de impuesto revolucionario en todos los concursos públicos de la Generalidad de Cataluña, tal y como denunció el Sr. Maragall; las recalificaciones de suelo en la práctica totalidad de los ayuntamientos españoles, gobierne quien gobierne; los cohechos; las prevaricaciones, etc.
Esto es: una verdadera red de cloacas pestilentes que subyace y sustenta a los partidos, de la que nadie habla, nadie discute y nadie hace nada por controlar.

Como resumen de lo expuesto en este punto podemos extraer las siguientes conclusiones:
a) los partidos políticos son aparatos burocráticos constituidos por personas que viven de la política y no para la política como servicio al bien del pueblo. Por tanto, para ellos es fundamental alcanzar el poder y conservarlo ya que las prebendas se van incrementando. Aplican los métodos lícitos o ilícitos que sean necesarios para lograr este objetivo.
b) Los partidos carecen de ideales y militancia que los sostenga, por ello siempre van a depender de las subvenciones públicas que se asignan y de los préstamos bancarios que solicitan sobre la base de no devolverlos en la mayoría de los casos.
c) Debido a su situación financiera los partidos políticos se convierten en sujetos serviles y dependientes de los poderes financieros y mediáticos, estrechamente vinculados entre sí.
d) Los mecanismos legales, fiscales y judiciales para su control financiero están totalmente anulados en la práctica, por lo que puede afirmarse que existe un estado generalizado de corrupción consentida.
e) Al margen de la financiación visible de los partidos existe otra, oculta o ilegal, cuyo importe se desconoce y de la que nadie se atreve a denunciar ni a investigar.
f) La retórica democrática de los partidos es falsa. Su actividad real se centra en resolver los asuntos incluidos en su agenda oculta.

2.- LA CLASE POLÍTICA
El principal problema que existe en la actual clase política y me limito a reproducir las palabras de una persona con experiencia en la materia como es Joaquín Leguina, es su bajo nivel formativo e intelectual. Suelen ser personas que habiendo fracasado en su profesión o no alcanzado una titulación adecuada que les permita ejercer un puesto de trabajo, recurren a la política como tabla de salvación, carentes de escrúpulos, nula formación previa, sin vocación alguna, dóciles y desclasados. Por tanto, su obsesión es permanecer en política el máximo tiempo posible de forma que les permita prepararse un buen retiro y, a poder, ser dejar bien situadas a las personas de su entorno. Podría incluir a continuación, una extensa relación de “ilustres” políticos en ejercicio que a duras penas consiguieron el título de graduado escolar.
Sirva de ejemplo, el caso de una persona, conocida mía, que en la actualidad desempeña un puesto importante en el Parlamento y que cuando comenzó su andadura en la política, con estudios de graduado social, era profesor de escuela. ¿Alguien puede pensar que defenderá los intereses de sus electores?, más bien al contrario, será un sujeto disciplinado y obediente a la dirección del partido para mantener su nivel de vida actual (120.000 euros/año, coche oficial, prebendas y demás gabelas) que en nada se parece al anterior (18.000 euros/año y a trabajar).
Este caso puntual puede hacerse extensivo a la mayoría de los políticos en activo.
Han constituido una “casta” especial que se ríe del pueblo al que dicen representar y no tienen el más mínimo reparo en aprovecharse, de forma descarada, de las ocasiones que se les presenten. Todos ellos tienen unos rasgos comunes que les caracterizan.

En primer lugar, nos detendremos en lo que denomino BÚSQUEDA Y DISFRUTE DE PRIVILEGIOS: es decir, medidas discriminatorias en su beneficio, que han aprobado, por unanimidad, y por tanto son legales, aunque algunas sean escandalosas.
Paso a describir algunas perlas que nos han dejado recientemente.
* La Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2008 determina que el salario de los diputados y senadores se incremente un 3,5%, mientras que para el resto de los funcionarios públicos el aumento es del 2%. Esta discriminación se viene repitiendo de forma sistemática desde el año 2004. Asimismo eleva la cuantía de las dietas que perciben “Sus Señorías” (150 euros/día) y se les asignan retribuciones extraordinarias por su pertenencia a las distintas Comisiones existentes en las dos Cámaras. Esta ley incluye igualmente indemnizaciones para aquellos parlamentarios que lleven más de dos años en las Cámaras y no resulten elegidos en las próximas elecciones, a razón de un mes de salario por año de parlamentario hasta un máximo de 24 mensualidades. Por ejemplo, cuando Alfonso Guerra abandone el Congreso se llevará para casa más de 100.000 euros. Lo que podríamos llamar una recompensa por los servicios prestados. Es más, las cotizaciones a la Seguridad Social de los Sres. diputados se abonan con cargo a los presupuestos del Congreso.
* También estos señores, pueden disfrutar de las prestaciones de la Seguridad Social, en condiciones más ventajosas que el resto de los asalariados, ya que permaneciendo en las Cortes durante dos legislaturas, adquieren los derechos a cobrar la pensión máxima, mientras que el resto de los trabajadores deben haber cotizado durante 35 años y haber alcanzado la base máxima en los últimos 15 años.
* En el mes de mayo de 2007, y ante la proximidad de las elecciones locales, el Instituto Nacional de Empleo aprobó una Resolución mediante la cual, si los Ayuntamientos pagaban, con cargo a sus presupuestos y con carácter retroactivo todas las cotizaciones de los concejales, estos podrían acogerse al subsidio de paro. Es decir, si los Ayuntamientos abonaban seis años de cotización, el concejal de turno tendría derecho a cobrar durante 24 meses el subsidio del desempleo. Evidentemente, y por unanimidad, los Ayuntamientos se acogieron a esta disposición y con fondos públicos abonaron las cantidades necesarias para que los concejales pudieran cobrar este subsidio.
* Pero no para aquí el abuso. Las Cortes Generales, por unanimidad, aprobaron en el año 2007 una Resolución que, textualmente, dice:
“Las Cortes Generales con cargo a su presupuesto y para todos los diputados y senadores durante su mandato, abonarán a un plan de previsión social la cantidad correspondiente al 10% de la asignación constitucional”.
En otras palabras, sus Señorías se dotaron de un plan de pensiones privado, financiado con dinero público, con una cantidad inicial de 2,57 millones de euros. ¡Sencillamente vergonzoso!
Los Sres. diputados, en general, y los del Partido Socialista y de Izquierda Unida, en particular, tan sensibles a los problemas sociales de los ciudadanos, debieron sentir un gran alivio personal al votar afirmativamente esa Resolución que beneficia sin duda a los “más desfavorecidos” de la sociedad.
* Las retribuciones que se han asignado son sencillamente escandalosas, sobre todo en las Comunidades Autónomas y en los Ayuntamientos, donde cualquier Presidente o Alcalde cobra más que el Presidente del Gobierno. Para ilustrar al lector, baste decir que el Presidente del Congreso tiene asignada, el presente año, una retribución de 205.000 euros/año. El Presidente de la Generalidad de Cataluña percibe 165.000 euros/año y cuando cese en el cargo cobrará el 80% durante un periodo de tiempo similar al de su mandato y posteriormente el 60% con carácter vitalicio, compatible con el cobro de cualquier otra pensión. Por el contrario, los trabajadores normales, con más de 40 años de cotización, no pueden percibir una pensión superior a 31.686 euros/año y es incompatible con el cobro de cualquier otra.
Un diputado de a pie disfruta de una retribución de 60.000 euros/año, más dietas e indemnizaciones por su pertenencia a las distintas comisiones parlamentarias. Tiene despacho privado, personal de apoyo, teléfono móvil y tres ordenadores. Por supuesto los gastos de transporte, teléfono, impuestos y cotizaciones a la Seguridad Social corren a cargo del presupuesto de Congreso.
La retribución media de un Alcalde es de 90.000 euros/año, más gastos de representación y dietas. Los concejales disponen de tarjetas de crédito oficiales con las que pagan todos los gastos que eufemísticamente llaman de representación, es decir, las comilonas y juergas que se corren en la gestión de los asuntos oficiales. Luego se descubren casos como el concejal de Palma, que pagó con la tarjeta, mercancías como drogas, mujeres, etc.

La segunda “virtud” que caracteriza a esta clase, es su DISPOSICIÓN PARA LA CORRUPCIÓN. Esta práctica alcanzó su máxima expresión en los años ochenta y noventa pero actualmente seguimos conociendo innumerables casos a través de los medios de comunicación que, lamentablemente suelen quedar impunes ante la pasividad del Fiscal General de Estado que, solamente actúa a toque de trompeta de La Moncloa.
¿Qué pasa con los Alcaldes socialistas de Ciempozuelos que fueron cogidos “in fraganti” con cuentas abiertas en Andorra, por importe de cientos de millones de euros? ¿O con los Alcaldes populares de Andraix y Torre Pacheco?
Cada día que pasa, saltan nuevos casos de corrupción, muchos relacionados con el urbanismo. Ahora acaba de aparecer el de Polaris World, en Murcia, en el que se encuentran imputados varios alcaldes populares.
Otra modalidad de corrupción en las entidades locales es la concesión de licencias municipales, previo pago de la comisión acordada, como en el “caso güateque” en el que los políticos desaparecen de la escena.
El partido, cuando un caso le afecta, se justifica suspendiendo de militancia al presunto delincuente y eludiendo todo tipo de responsabilidades, olvidando que fue el propio partido el que lo eligió y el pueblo se limitó a ratificarlo en las urnas.
Nos quieren hacer ver que manteniendo en la cárcel al “Cachuli” tienen controlados todos los casos de corrupción urbanística.
Los constructores y promotores inmobiliarios conocen perfectamente las voluntades que tienen que comprar para desarrollar sus destructivos proyectos inmobiliarios. Es curioso contemplar cómo todos los partidos políticos denuncian públicamente el deterioro medioambiental, pero siguen alimentándolo con las correspondientes recalificaciones de suelo por parte de los Ayuntamientos ya que constituye una sólida fuente de ingresos con destino desconocido.

El tercer rasgo común es la DESFACHATEZ, IMPUNIDAD E INEFICACIA EN LA GESTIÓN con la que actúan despreciando la opinión popular e incluso jactándose de lo realizado. Sirvan como ejemplo las dos últimas joyas que nos han dejado. La primera se refiere a la reciente reforma del piso oficial del Sr. Fernández Bermejo que ha gastado del presupuesto público, la cantidad de 250.000 euros en remodelar una vivienda en la que habían vivido con anterioridad otros ministros de éste y del anterior gobierno sin necesidad de este dispendio. Es significativo como este individuo, hijo del Alcalde franquista de Arenas de San Pedro y cacique de la Villa, que no ha disfrutado de un piso grande en su vida, cuando llega a un cargo público se quiere dotar, con el dinero de los demás, de una mansión de gran lujo. Y lo triste es que no denota remordimiento alguno por lo sucedido.
En este punto, me viene a la memoria una anécdota relacionada con Emilio Romero, célebre periodista político del franquismo. Este señor vivía en la Urbanización de Fuente El Fresno, en las inmediaciones de Madrid. Su chalet lo había construido en una esquina de la parcela, desde la que dominaba el valle y se veía la Fábrica de Mahou. Cuando le preguntaban el motivo por el que había construido la casa en ese punto, él contestaba con la ironía ácida que le caracterizaba, que lo había hecho para que los trabajadores de la fábrica dijeran al salir de trabajar “mira como vive el hijo puta de Emilio Romero”. Probablemente el sentimiento del Sr. Rodríguez Bermejo sea el mismo ya que todos los fascistas tienen muchos rasgos comunes.
La segunda joya es la reprobación que días pasados hizo el Senado de Magdalena Álvarez, Ministra de Fomento. Teniendo en cuenta que el Senado es una cámara de representación de los ciudadanos en la que reside la soberanía popular, según nos quieren hacer ver. También al Parlamento catalán, en sesión especial, aprobó su reprobación. Es el primer caso en la historia de la democracia. Esta circunstancia, en cualquier país democrático hubiese supuesto la dimisión inmediata de la reprobada. En España sucede lo contrario, la interfecta saca pecho, no hace el más mínimo gesto de dimitir, sino todo lo contrario. Ella solo rinde cuentas ante su dios y ante el Presidente del Gobierno, que vienen a ser lo mismo. Es decir, en otras palabras se pasó por la entrepierna la soberanía popular. ¡Demócrata ejemplar y respetuosa!
Por cierto, ambos demócratas han sido ratificados en sus puestos por el Sr. Rodríguez como prueba de respeto a la voluntad de los representantes del pueblo.

Otra virtud de los políticos es su INCAPACIDAD PARA RECONOCER LOS ERRORES cometidos y la HABILIDAD PARA DEFORMAR LA REALIDAD. La culpa siempre la tiene otro, evidentemente del partido opositor. Se parecen a los niños pequeños que cuando se les acusa de algo, responden automáticamente “yo no he sido” o “y tú más”. Cuando algún hecho les puede perjudicar, rápidamente elaboran un discurso demagógico que divulgan a los medios de comunicación afines y serviles que se encargan de llevar a cabo la intoxicación del pueblo. Es curioso como durante la pasada legislatura, todos los errores del gobierno que han sido abundantes, se han tapado con la Guerra de Irak. Lo que dicho en términos coloquiales es “confundir el culo con las témporas”.

Finalmente podemos destacar otra característica de estos individuos como es su APEGO AL PODER. Se consideran salvadores de la patria, rememorando al anterior Jefe del Estado, y piensan que sin ellos viene el diluvio. El ejemplo más reciente de esta forma de ser la tenemos con Mariano Rajoy que después de dos derrotas electorales pretende seguir como líder del partido, ignorando la voluntad popular y sus limitaciones personales.

A la vista de estas afirmaciones, considero que los partidos políticos deberían hacer un esfuerzo para seleccionar a las personas que luego van a desempeñar cargos públicos y de esta forma sanear el contaminado y nauseabundo mundo de la política.
Podrían crear centros de formación por los que deberían pasar todos los miembros del partido y en especial los recién incorporados. En ellos se impartirían clases de ética, honradez, responsabilidad, honestidad, respeto a los demás y otra serie de valores que tanto echamos de menos en los políticos. Se expedirían certificados de aprovechamiento, requisito indispensable para la inclusión del interesado en listas electorales o para el desempeño de un cargo público.
Me voy a permitir apuntar algunos principios que considero básicos en el comportamiento de los futuros políticos para que pudiesen recuperar la credibilidad perdida.
En primer lugar, la veracidad. Es necesario que los hechos no se deformen intencionadamente para atacar al adversario y eludir sus propias responsabilidades.
En segundo término, la sinceridad. Los políticos deben manifestar su verdadera posición en todos los temas que afectan a los ciudadanos. No cambiar de postura dependiendo de la evolución de los acontecimientos.
El tercer punto, sería la transparencia y la rendición de cuentas de sus finanzas ante los organismos competentes y la opinión pública.
La cuarta norma es la lealtad. Cada político tiene derecho a defender sus ideas, pero debe primar el interés de sus electores sobre los intereses partidistas.
La última regla, sería la del juego limpio, que resume todas las demás y por ello resulta las más difícil de cumplir.
Probablemente se me podrá tachar de iluso si espero que los políticos van a asumir estos compromisos, pero creo deben quedar plasmados en este artículo.
A todos los profesionales se les exige una base académica o una titulación para el ejercicio de su profesión, excepto a los políticos que se les considera poseedores de la ciencia infusa como los Apóstoles.

3.- LEGISLACIÓN ELECTORAL
Los procesos electorales en España están regulados por los artículos 68 y 69 de la Constitución Española, que fueron posteriormente desarrollados por la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio.
Para las elecciones al Congreso se establece el sistema proporcional con determinadas correcciones, mientras que para el Senado prevalece el sistema mayoritario.
La circunscripción electoral es la provincia y el mandato es por cuatro años.
Según reconocen los propios autores de esta legislación, en aquellos momentos hubo que improvisar y aprobar unas disposiciones que nacieron con vocación de temporalidad y cuya finalidad principal era consolidar unos partidos políticos. Se desconocía el verdadero poder de cada partido al ser la primera vez que aparecían en público después de cuarenta años. Carecían de patrimonio e insfraestructura por lo que se consideró necesario imponer las listas cerradas y bloqueadas y la disciplina de voto en el Parlamento. Se pretendió evitar el caos que se había producido en la 2ª República.
Han pasado treinta años y todo sigue igual y lo peor es que ninguno de los partidos mayoritarios se muestran dispuestos a iniciar un proceso de reflexión que estudie el sistema electoral más adecuado para España.
Lo que si que está claro es que el actual favorece a los dos grandes partidos y a los partidos nacionalistas, cuyos escaños los obtienen con un número reducido de votos. En las últimas elecciones, el PNV obtuvo cada escaño con 50.000 votos, mientras que a IU le costó 450.000 votos y a UPD más de 300.000.
Las listas cerradas y bloqueadas, suponen un fraude para el elector que se ve obligado a votar a las personas que ha decidido la dirección del partido que, normalmente son los más dóciles pero también los más incompetentes.
Se dan casos frecuentes de diputados que el partido los presenta por una provincia, están allí los quince días de campaña y no vuelven a aparecer por ella. Sirva el ejemplo de José María Aznar que se estrenó como diputado por Ávila y pasadas las elecciones no volvió a pisar esta capital. Es más, cuando bajo su mandato se aprobó el trayecto definitivo del AVE Madrid-Valladolid, optó por la alternativa de Segovia dejando a Ávila fuera de la red de comunicaciones del futuro. ¿Qué intereses defendió para su circunscripción electoral?
Cada vez son más numerosas las voces que claman por una modificación de la legislación vigente que reduzca los privilegios de los partidos nacionalistas que se erigen en árbitros de la situación y venden su apoyo al gobierno de turno a cambio de prebendas que empobrecen al resto de España.

En mi opinión, y con carácter de urgencia deberían aprobarse dos modificaciones que considero esenciales y mejorarían la calidad democrática del sistema.
En primer lugar, la INTRODUCCIÓN DE LISTAS ABIERTAS para que el votante pudiera elegir entre los candidatos que le propone cada partido, sin estar sujeto a la imposición de las respectivas direcciones, que son las que realmente eligen al diputado y por tanto no es una elección directa por parte del ciudadano.
En segundo término, la DESAPARICIÓN DE LA DISCIPLINA DE VOTO del diputado para que éste pueda defender realmente los intereses de sus representados.
Con el procedimiento actual vemos cómo en los momentos de las votaciones, el portavoz de turno levanta la mano y dependiendo del número de dedos visibles todos los diputados del partido votan en bloque lo mismo.
¡Tristes marionetas manejadas por los hilos del jefe!
Con esta modificación no hubiese sucedido el penoso espectáculo que hemos vivido en la última legislatura, en la que los diputados socialistas de Andalucía y Extremadura se han visto obligados a votar afirmativamente el Estatuto de Cataluña, que empobrece a sus regiones y por tanto a sus electores. Es decir, ha prevalecido el interés del partido sobre los intereses de los ciudadanos a los que teóricamente representaban. ¡Un auténtico fraude democrático!

Personalmente desconfío de que se apruebe cualquier modificación que recorte la libertad actual de los políticos que no rinden cuentas ante los electores.

Lo expuesto en estas líneas, probablemente, podrá ser tachado de catastrofista, reaccionario y demás calificativos con los que se suele atacar cuando no se dispone de argumentos sólidos para defender otra postura.
Todo lo relatado es verídico y puede ser contrastado en las hemerotecas. No me he extendido en describir los innumerables casos de corrupción que podrían ser objeto de una publicación específica.
La pregunta que nos planteamos es ¿por qué ante esta lamentable situación no se adoptan las medidas necesarias que mejoren el actual déficit democrático?
En mi opinión, la respuesta es evidente. Este estado de cosas favorece a los poderes financieros del país que están viviendo épocas doradas. Está emergiendo una clase privilegiada que domina los resortes económicos nacionales y contamina el poder político haciéndole partícipe de bienes materiales. Paralelamente, los poderes mediáticos en manos de las mismas personas adormecen al pueblo repitiéndole hasta la saciedad que es libre, que no son trabajadores y que viven en una sociedad democrática, pero cuidándose mucho de no elevar su nivel cultural y educativo no sea que se den cuenta y reaccionen. De ahí la proliferación en las distintas televisiones, de programas del corazón, concursos, “reality shows” y retransmisiones deportivas. Es decir todo aquello que atonta la mente de los ciudadanos para anularles frente a los poderes económicos.
Durante muchos años se acusó al régimen anterior de recurrir al fútbol y a los toros para distraer al pueblo. Lo que no se dice es que en esas épocas había muchos programas culturales (teatro, ópera, conciertos, debates, documentales, series históricas, aulas formativas, etc.) que mejoraban la cultura de los ciudadanos y que actualmente han desaparecido de las pantallas como por arte de magia.
Se ha conseguido el objetivo buscado que era adormecer a los ciudadanos para que pierdan su capacidad reivindicativa. Actualmente, el pueblo se considera satisfecho, aunque esté pasando penalidades económicas, laborales y personales, porque vive en un estado democrático y goza de todas sus libertades. No es capaz de comprender que le están engañando y empobreciendo culturalmente.
Como señala Pérez Reverte, el nivel cultural de las futuras generaciones puede rozar el subdesarrollo intelectual. Curiosamente los hijos de la clase privilegiada y de los políticos se educan en centros privados o en universidades extranjeras, mientras que los de los trabajadores estudian en los centros públicos en donde les enseñan a leer con dificultad. Estas personas jamás serán competidoras en el mundo laboral. Los ciudadanos deberían reflexionar sobre esta realidad. Ya dice nuestro ínclito Presidente que “lo que más determina la educación de cada generación es la educación de sus padres” y en esto, por primera vez, estoy de acuerdo con el “Altísimo”, lo que sucede que él mismo contribuye de manera decisiva a ese deterioro educacional. Posiblemente también será una consecuencia de la Guerra de Irak.
Ante esta lamentable situación y ateniéndonos al dicho popular, podemos afirmar “Que Dios nos coja confesados”.


Madrid, 14 de abril de 2008