Juan de Borbón. El Pretendiente sin Rumbo
Al escribir estas líneas no es mi
intención elaborar una biografía completa de este personaje tan complejo, pues
ya se han escrito muchas y de las más diversas tendencias. Solamente trataré de
exponer y analizar sus controvertidas actuaciones políticas relacionadas con su
obsesión por alcanzar el trono del Reino de España del que se creía dueño y
señor según veremos en sus comunicados.
Antes de comenzar con esta tarea me
gustaría, como introducción, dejar constancia de unos hechos históricos que son
indiscutibles y que, en mi opinión, explicarían todo lo sucedido posteriormente.
Juan de Borbón y todos los monárquicos de
su entorno no han entendido o han pretendido ocultar una realidad histórica de
gran transcendencia que marca la evolución política en España durante la
segunda mitad del siglo XX.
En la noche del 13 de abril de 1931, por
voluntad propia y sin exigencia legal alguna, Alfonso XIII abandonó España con
nocturnidad y alevosía dejando a los españoles en una situación bastante
complicada y grave. Redactó un comunicado en el que intentaba explicar su anómalo
comportamiento alegando que no quería enfrentar a los españoles y que por eso
se iba. La realidad es que le entró un ataque de pánico ante un posible levantamiento
popular que pudiera poner en riesgo su vida, pensando en lo que había pasado a
la familia Romanov en Rusia, circunstancia que jamás se hubiera producido en
España pues ese no era el objetivo de sus adversarios políticos y por otro lado
el Ejército y las Fuerzas del Orden apoyaban el régimen establecido.
Como consecuencia de este hecho, y ante la
ausencia de la Jefatura
del Estado se proclamó en nuestro país la 2ª República de una forma un tanto atípica
e irregular. Se convocaron elecciones generales y se eligieron unas nuevas
Cortes Constituyentes de la
República que en una de sus primeras reuniones aprobaron la
siguiente resolución:
“A todos los que la presente vieren y entendieren sabed: que las Cortes
Constituyentes, en funciones de Soberanía Nacional, han aprobado el acta
acusatoria contra Alfonso de Borbón y Habsburgo-Lorena, dictando lo siguiente:
Las Cortes Constituyentes declaran culpable de alta traición, como
fórmula jurídica que resume todos los delitos del acta acusatoria, al que fuera
rey de España, quien, ejercitando los poderes de su magistratura contra la Constitución del
Estado, ha cometido la más criminal violación del orden jurídico del país y, en
su consecuencia, el tribunal soberano de la nación declara solemnemente fuera
de la ley a Alfonso de Borbón y Habsburgo-Lorena. Privado de la paz jurídica,
cualquier ciudadano español podrá aprehender su persona si penetrase en
territorio nacional.
Don Alfonso de Borbón y Habsburgo-Lorena será degradado de todas sus
dignidades, derechos y títulos, que no podrá ostentar ni dentro ni fuera de
España, de los cuales el pueblo español, por boca de sus representantes
elegidos podrá votar las nuevas normas del Estado Español, le declara decaído,
sin que pueda reivindicarlos jamás ni para él ni para sus sucesores.
De todos bienes, derechos y acciones de su propiedad que se encuentren
en territorio nacional se incautará, en su beneficio, el Estado, que dispondrá
del uso conveniente que quiera darles.
Esta sentencia que aprueban las Cortes Soberanas Constituyentes,
después de publicarla por el Gobierno de la República , será impresa
y fijada en todos los ayuntamientos de España y comunicada a los representantes
diplomáticos de todos los países, así como a la Sociedad de Naciones.
En ejecución de esta sentencia, el Gobierno dictará las órdenes
conducentes a su más exacto cumplimiento, al que coadyuvarán todos los
ciudadanos, tribunales y autoridades”.
Esta resolución deja bien a
las claras que la dinastía Borbón había finalizado sus días en España y por
tanto quedaban sin ninguna validez los derechos dinásticos y todo cuanto se
refiriese a la Monarquía.
Como ya conocemos y a
consecuencia del comportamiento sectario de sus gobernantes, la 2ª República
terminó en un enfrentamiento civil entre españoles y en la implantación de un
estado autoritario gobernado por Franco que decidió voluntariamente que España
fuera un Reino al frente del cual pondría un monarca que designaría él, en su
momento oportuno, sin atadura alguna con el pasado.
Este preámbulo deja bien claro
que Juan de Borbón carecía de bases legales para reclamar unos derechos sobre
el Reino de España que su abuelo se había encargado de destruir, por tanto sus
actuaciones que analizamos a continuación pueden ser consideradas como
anecdóticas.
Expuesta la situación política
española en los años treinta, vamos a describir el comportamiento errático del
Pretendiente en su obsesión por convertirse en Rey de España.
El 1º de agosto de 1936, recién
iniciada la guerra civil, Juan de Borbón en compañía de un grupo de monárquicos
atraviesa la frontera hispano francesa con la intención de llegar hasta Burgos
e incorporarse al ejército nacional. Cuando este hecho llega a conocimiento del
general Mola, éste cursa órdenes para que sean retenidos y devueltos a la frontera.
Posteriormente, el general Franco le remite una carta en la que de forma más
diplomática le agradece sus intenciones pero le hace ver que su vida es muy
valiosa para España y que por tanto no puede estar expuesto a los avatares de
la guerra.
No habían pasado quince días
de este fervor patriótico del Pretendiente, cuando éste remite a través de José
María Gil Robles, miembro de su Consejo privado, una carta al Papa Pío XII en
la que le llama la atención sobre el peligro que podría correr la Iglesia católica si
siguiese colaborando con el régimen franquista.
Primera gran contradicción de
difícil explicación en la conducta de Juan de Borbón.
En el periodo de tiempo comprendido
entre los años 1939 y 1944 hubo un fluido intercambio de correspondencia entre
Franco y Juan de Borbón, en la que éste insistía en sus derechos dinásticos y aquel
le recordaba cómo se encontró España cuando se produjo el alzamiento que se
definió como español y católico pero en ningún momento se había declarado
monárquico.
A comienzos del año 1945 cuando
se vislumbraba un final inmediato de la 2ª guerra mundial con el triunfo de las
fuerzas aliadas, el Pretendiente se despachó el 19 de marzo de 1945 con un
documento que ha pasado a la
Historia como el Manifiesto
de Lausana para presionar a los gobiernos democráticos vencedores y
obligarles a terminar con el régimen franquista.
Considero necesaria su
transcripción integra para que el lector a la vista del mismo pueda sacar sus
propias conclusiones.
“Españoles:
Conozco
vuestra dolorosa desilusión y comparto vuestros temores. Acaso lo siento más en
carne viva que vosotros, ya que, en el libre ambiente de esta atalaya
centroeuropea, donde la voluntad de Dios me ha situado, no pesan sobre mi
espíritu ni vendas ni mordazas. A diario puedo escuchar y meditar lo que se
dice sobre España.
Desde
abril de 1931 en que el Rey, mi Padre, suspendió sus regias prerrogativas, ha
pasado España por uno de los períodos más trágicos de su historia. Durante los
cinco años de República, el estado de inseguridad y anarquía, creado por
innumerables atentados, huelgas y desórdenes de toda especie, desembocó en la
guerra civil que, por tres años, asoló y ensangrentó la Patria. El generoso
sacrificio del Rey de abandonar el territorio nacional para evitar el
derramamiento de sangre española, resultó inútil.
Hoy,
pasados seis años desde que finalizó la guerra civil, el régimen implantado por
el General Franco, inspirado desde el principio en los sistemas totalitarios de
las potencias del Eje, tan contrario al carácter y a la tradición de nuestro
pueblo, es fundamentalmente incompatible con las circunstancias que la guerra
presente está creando en el mundo. La política exterior seguida por el Régimen
compromete también el porvenir de la
Nación.
Corre
España el riesgo de verse arrastrada a una nueva lucha fratricida y de
encontrarse totalmente aislada del mundo. El régimen actual, por muchos que
sean sus esfuerzos para adaptarse a la nueva situación, provoca este doble
peligro; y una nueva República, por moderada que fuera en sus comienzos e
intenciones, no tardaría en desplazarse hacia uno de los extremos, reforzando
así al otro, para terminar en una nueva guerra civil.
Solo
la Monarquía
Tradicional puede ser instrumento de paz y de concordia para
reconciliar a los españoles; solo ella puede obtener respeto en el exterior,
mediante un efectivo estado de derecho, y realizar una armoniosa síntesis del
orden y de la libertad en que se basa la concepción cristiana del Estado.
Millones de españoles de las más variadas ideologías, convencidos de esta
verdad, ven en la Monarquía
la única Institución salvadora.
Desde
que por renuncia y subsiguiente muerte del Rey Don Alfonso XIII en 1941, asumí
los deberes y derechos a la
Corona de España, mostré mi disconformidad con la política
interior y exterior seguida por el General Franco. En cartas dirigidas a él y a
mi Representante hice constar mi insolidaridad con el régimen que representaba,
y por dos veces, en declaraciones a la Prensa , manifesté cuán contraria era mi posición
en muy fundamentales cuestiones.
Por
estas razones, me resuelvo, para descargar mi conciencia del agobio cada día
más apremiante de la responsabilidad que me incumbe, a levantar mi voz y
requerir solemnemente al General Franco para que, reconociendo el fracaso de su
concepción totalitaria del Estado, abandone el Poder y dé libre paso a la
restauración del régimen tradicional de España, único capaz de garantizar la Religión , el Orden y la Libertad.
Bajo
la Monarquía ,
reconciliadora, justiciera y tolerante, caben cuantas reformas demande el
interés de la
Nación. Primordiales tareas serán: aprobación inmediata, por
votación popular, de una Constitución política; reconocimiento de todos los
derechos inherentes a la persona humana, y garantía de las libertades políticas
correspondientes; establecimiento de una Asamblea legislativa elegida por la Nación ; reconocimiento de
la diversidad regional; amplia amnistía política; una más justa distribución de
la riqueza y la supresión de injustos contrastes sociales contra los cuales no
solo claman los preceptos del Cristianismo, sino que están en flagrante y
peligrosísima contradicción con los signos político-económicos de nuestro
tiempo.
No
levanto bandera de rebeldía, ni incito a nadie a la sedición, pero quiero
recordar a quienes apoyan al actual régimen la inmensa responsabilidad en que
incurren, contribuyendo a prolongar una situación que está en trance de llevar
al país a una irreparable catástrofe.
Fuerte
en mi confianza en Dios y en mis derechos y deberes imprescriptibles, espero el
momento en que pueda realizar mi mayor anhelo: la Paz y la Concordia de todos los
españoles.
¡Viva
España!”
Como he mencionado anteriormente, la lectura de estas líneas provocan,
en mi opinión, un sentimiento antimonárquico por la forma en que presenta los
servicios que esta institución ha prestado a España a lo largo de la Historia , cuando un
simple repaso a lo desarrollado por la monarquía lleva a conclusiones
totalmente diferentes. Juan de Borbón se olvida del despotismo, desprecio a la Constitución vigente,
“borboneo” de los gobiernos y demás comportamientos que tuvieron sus
antepasados y que condujeron a España a la lamentable situación que se
encontraba a principios del siglo XX.
La jugada no le salió bien pues, por un lado se enfrentó públicamente
con el general Franco y por tanto se cerró la puerta a una posible restauración
monárquica en la figura de su persona, y por otro, porque las democracias
occidentales, especialmente la inglesa, no estaban por la labor de acometer
nuevas aventuras viendo el sesgo que iba tomando la evolución de la Unión Soviética hacia
un sistema totalitario de carácter comunista y prefirieron mantener en el poder
una dictadura amiga que forzar un proceso democrático en España de dudoso
final.
No contento con el fracaso de su Manifiesto, el Pretendiente vuelve a
la carga y en 1947 publica el conocido como Manifiesto
de Estoril que como en el caso anterior voy a transcribir pues, en mi
opinión, también habla por sí sólo.
“Españoles:
El General
Franco ha anunciado públicamente su propósito de presentar a las llamadas
Cortes un proyecto de Ley de Sucesión a la Jefatura del Estado, por el cual España queda
constituida en Reino, y se prevé un sistema por completo opuesto al de las
Leyes que históricamente han regulado la sucesión a la Corona.
En momentos tan
críticos para la estabilidad política de la Patria , no puedo dejar de dirigirme a vosotros,
como legítimo Representante que soy de vuestra Monarquía, para fijar mi actitud
ante tan grave intento.
Los principios
que rigen la sucesión de la
Corona , y que son uno de los elementos básicos de la
legalidad en que la
Monarquía Tradicional se asienta, no pueden ser modificados
sin la actuación conjunta del Rey y de la Nación legítimamente representada en Cortes. Lo
que ahora se quiere hacer carece de ambos concursos esenciales, pues ni el
titular de la Corona
interviene ni puede decirse que encarne la voluntad de la Nación el organismo que,
con el nombre de Cortes, no pasa de ser una mera creación gubernativa. La Ley de Sucesión que naciera en
condiciones tales adolecería de un vicio sustancial de nulidad.
Tanto o más
grave es la cuestión de fondo que el citado proyecto plantea. Sin tener en
cuenta la necesidad apremiante que España siente de contar con instituciones
estables, sin querer advertir que lo que el país desea es salir cuanto antes de
una interinidad cada día más peligrosa, sin comprender que la hostilidad de que
la Patria se
ve rodeada en el mundo nace en máxima parte de la presencia del General Franco
en la Jefatura
del Estado, lo que ahora se pretende es pura y simplemente convertir en
vitalicia esa dictadura personal, convalidar unos títulos, según parece hasta
ahora precarios, y disfrazar con el manto glorioso de la Monarquía un régimen de
puro arbitrio gubernamental, la necesidad de la cual hace ya mucho tiempo que
no existe.
Mañana la Historia , hoy los
españoles, no me perdonarían si permaneciese silencioso ante el ataque que se
pretende perpetrar contra la esencia misma de la Institución monárquica
hereditaria, que es, en frase de nuestro Balmes, una de las conquistas más
grandes y más felices de la ciencia política.
Todas esas
supremas ventajas desaparecen en el proyecto sucesorio, que cambia la fijeza en
imprecisión, que abre la puerta a todas las contiendas intestinas, y que
prescinde de la continuidad hereditaria, para volver, con lamentable espíritu
de regresión, a una de esas imperfectas fórmulas de caudillaje electivo, en que
se debatieron trágicamente los pueblos en los albores de su vida política.
Los momentos
son demasiado graves para que España vaya a añadir una nueva ficción
constitucional a las que hoy integran el conjunto de disposiciones que se
quieren hacer pasar por leyes orgánicas de la Nación , y que además, nunca han tenido
efectividad práctica.
Frente a ese
intento, yo tengo el deber inexcusable de hacer una pública y solemne
afirmación del supremo principio de legitimidad que encarno, de los
imprescriptibles derechos de soberanía que la Providencia de Dios ha
querido que vinieran a confluir en mi persona, y que no puedo en conciencia
abandonar porque nacen de muchos siglos de Historia, y están directamente
ligados con el presente y el porvenir de nuestra España.
Por lo mismo
que he puesto mi suprema ilusión en ser el Rey de todos los españoles que
quieran de buena fe acatar un Estado de Derecho inspirado en los principios
esenciales de la vida de la
Nación y que obligue por igual a gobernantes y gobernados, he
estado y estoy dispuesto a facilitar todo lo que permita asegurar la normal e
incondicional transmisión de poderes. Lo que no se me puede pedir es que dé mi
asentimiento a actos que supongan el incumplimiento del sagrado deber de
custodia de derechos que no son solo de la Corona , sino que forman parte del acervo
espiritual de la Patria.
Con fe ciega en
los grandes destinos de nuestra España querida, sabéis que podéis contar
siempre con vuestro Rey”.
A la vista del fracaso de sus dos Manifiestos, el Pretendiente concedió
numerosas entrevistas a la prensa europea. Merece mención especial la que se
publicó en “The Observer” pues en
ella llegó a proponer la aceptación de la UGT y de la CNT , una amnistía general y la preparación de un
proceso democrático en colaboración con los socialistas y los comunistas. Estas
afirmaciones crearon una verdadera alarma social en el seno de los monárquicos
que se veían totalmente descolocados ante este planteamiento.
En el año 1947, Indalecio Prieto y José María Gil Robles habían firmado
el llamado Pacto de San Juan de Luz en el que sentaban los condicionamientos
para una posible reinstauración monárquica.
En otro bandazo típico de su comportamiento, el 22 de julio de 1948
mantuvo una entrevista con el general Franco en el yate Azor en la que a
petición del general se decidió que Juan Carlos de Borbón, hijo de Juan, se
educara en España y por tanto debía trasladarse de Estoril a Madrid para
empezar sus estudios, circunstancia que se produjo casi de inmediato.
Consciente de que su posición se iba debilitando en la medida que el
régimen franquista se asentaba y empezaba a ser reconocido por las democracias
occidentales, el Pretendiente se dedicó a sus aficiones náuticas abandonando por
el momento sus pretensiones sucesorias. El Duque de Maura afirmó que Juan de
Borbón le había comentado que: “era mucho más cómodo seguir de pretendiente sin
preocupaciones ni peligros de ningún tipo”
En el año 1961 y con motivo del XXV aniversario del alzamiento
nacional, el Pretendiente remitió una carta al general Franco felicitándole por
el acontecimiento en la que entre otras cosas manifestaba:
“Tengo que
proclamar la vinculación de la monarquía con el Alzamiento militar del 18 de
julio de 1936. Sin él nuestra institución secular como tantos valores de
nuestra Historia y de nuestra vida, difícilmente hubieran podido salvarse.
Me permito
afirmar, sin hacer violencia laguna a mi pensamiento, mi adhesión a los
Principios y Leyes Fundamentales del Movimiento.
Al iniciarse
este periodo de estructuración del Estado que V.E. acaba de anunciar, echo de
menos y con toda franqueza se lo manifiesto, un más íntimo y personal contacto
entre los dos para considerar los remedios posibles a los previsibles problemas
que el futuro puede presentar a España”.
Una vez más sus
seguidores y defensores se quedaron atónitos ante esta circunstancia en la que
se manifestaba su fervor franquista en abierta contradicción con lo expuesto en
sus dos Manifiestos.
En el año 1962 se
celebró en Munich el Congreso del Movimiento Europeo al que acudieron numerosos
españoles representantes de todas las tendencias políticas entre los que se
encontraban miembros del Consejo Privado de Juan de Borbón.
El régimen
franquista reaccionó con dureza a la celebración de este Congreso que bautizó
como “El Contubernio de Munich”. Los
asistentes españoles a su regreso a España fueron apartados de la vida pública
y algunos deportados a las Islas Canarias.
Ante esta
situación y para desmarcarse de las posibles represalias, el Pretendiente se
despachó con el siguiente comunicado:
“El Conde de
Barcelona nada sabía de las reuniones de Munich hasta que después de ocurridas
escuchó en alta mar las primeras noticias a través de la radio. Nadie,
naturalmente ha llevado a tales reuniones ninguna representación de su Persona
ni de sus ideas. Si alguno de los asistentes formaba parte de su Consejo, ha
quedado con este acto fuera de él”.
El
primer sacrificado de este nuevo cambio de postura fue José María Gil Robles
que dejó de pertenecer al Consejo Privado del Pretendiente.
Como
ya se ha indicado anteriormente, Juan de Borbón seguía con su vida plácida,
dedicado a sus aficiones y pensando que el proceso sucesorio lo tenía mas o
menos controlado.
Ante
los rumores que empezaron a circular en los círculos políticos sobre una
decisión inmediata del general Franco sobre su sucesión, el Pretendiente hizo
público el 2º Manifiesto de Estoril que dice lo
siguiente:
“Españoles,
En 1947, al
hacerse público el texto de la llamada Ley de Sucesión, expresé mis reservas y
salvedades sobre el contenido de esa ordenación legal en lo que tenía de
contraria a la tradición histórica de España. Aquellas previsiones se han visto
confirmadas ahora, cuando al cabo de veinte años se anuncia la aplicación de
esa ley. Para llevar a cabo esta operación no se ha contado conmigo, ni con la
voluntad libremente manifestada del pueblo español. Soy, pues, un espectador de
las decisiones que se hayan de tomar en la materia y ninguna responsabilidad me
cabe en esta instauración.
Durante los
últimos treinta años me he dirigido frecuentemente a los españoles para
exponerles lo que yo considero esencial en la futura Monarquía: que el Rey lo
fuera de todos los españoles, presidiendo un Estado de Derecho; que la Institución funcionara
como instrumento de la política nacional al servicio del pueblo, y que la Corona se erigiese en poder
arbitral por encima y al margen de los grupos y sectores que componen el país.
Y junto a ello, la representación auténtica popular; la voluntad nacional
presente en todos los órganos de la vida pública, la sociedad manifestándose
libremente en los cauces establecidos de opinión; la garantía integral de las
libertades colectivas e individuales, alcanzando con ello el nivel político de la Europa occidental, de la
que España forma parte.
Eso quise y
deseo para mi pueblo, y tal es el objetivo esencial de la Institución
monárquica. Nunca pretendí, ni ahora tampoco, dividir a los españoles. Sigo
creyendo necesaria la pacífica evolución del sistema vigente hacia estos rumbos
de apertura y convivencia democrática, única garantía de un futuro estable para
nuestra Patria, a la que seguiré sirviendo como un español más y a la que deseo
de corazón un porvenir de paz y prosperidad.
Estoril, 19 de
julio de 1969”
El 22 de julio de 1969, el general Franco presentó
a las Cortes la Ley
62/1969, de 22 de julio, en la que en su artículo primero establecía:
“Al producirse la vacante en la Jefatura del Estado, se instaurará la Corona en la persona del
Príncipe Don Juan Carlos de Borbón y
Borbón”.
Al día siguiente de la aprobación de esta
ley, Juan Carlos de Borbón, sin consulta previa con su padre, aceptó la
designación y juró los Principios del Movimiento aceptando que su legitimidad
venía del 18 de julio.
El Pretendiente se enteró por la prensa de
esta decisión que ponía fin de una vez por todas a sus aspiraciones de ser rey
de España.
En vez de alegrarse por haber conseguido
instaurar la Monarquía
en España aunque fuese en la figura de su hijo, el enfado que se cogió fue
espectacular, disolvió su Consejo Privado y cortó toda relación con su hijo con
el que estuvo sin hablarse durante varios meses. Algunos autores alargan este
periodo de alejamiento a dos o tres años.
Los años siguientes, Juan de Borbón los
pasó alejado de cualquier actividad política y dedicado fundamentalmente a sus
aficiones marineras.
El 20 de noviembre de 1975 se produce el
fallecimiento del general Franco y sin haber pasado 24 horas y sin haber jurado
su hijo como rey de España, Juan de Borbón hizo pública una nueva Declaración que
como en los casos anteriores me limito a transcribir, pues sobra cualquier
comentario al respecto.
“Ante las
reiteradas instancias de relevantes sectores de la vida pública nacional para
que el Jefe de la Casa Real
Española haga una declaración sobre los trascendentes acontecimientos ocurridos
en nuestro país durante los últimos días, el Gabinete de Información de S.A.R.
el Conde de Barcelona informa que Don Juan de Borbón pide a Dios, con espíritu
cristiano, por el eterno descanso del alma del Generalísimo Franco, quien
durante casi cuarenta años gobernó a nuestro país con un poder personal
absoluto. Al mismo tiempo que rinde honor a la memoria de los servicios que el
Generalísimo prestó a la nación, el Conde de Barcelona mantiene su bien
conocida y permanente postura política, como hijo y heredero de Alfonso XIII y
depositario de un tesoro secular cuyos deberes considera irrenunciables.
El Rey Alfonso
XIII se ausentó de España, acatando la voluntad popular, para evitar una
trágica guerra entre hermanos, que, más tarde, los sectarismos terminaron por
desencadenar. El Jefe de la
Casa Real Española no olvida ahora que el General Franco, que
destacó como gran soldado en tiempos de su Augusto Padre, culminó con éxito la
empresa militar que le confiaron sus compañeros de armas. Al recordar ahora los
anhelos patrióticos de todos ellos, así como los de cuantos combatieron
heroicamente a sus órdenes, Don Juan de Borbón evoca también con respeto a
quienes en el otro Ejército lucharon por lo que estimaban ser lo mejor para su
patria.
Desde que en
1941 aceptó la sucesión de Alfonso XIII, el Conde de Barcelona se ha esforzado
en ofrecer a todos los españoles la Institución Monárquica
como instrumento de reconciliación nacional y vehículo para el pacífico acceso
del pueblo español a la soberanía, a través de la voluntad general libremente
expresada.
No es propósito
del Jefe de la Casa Real
Española constituirse ahora en juez de la obra del General Franco como hombre
de Estado. A lo largo de los últimos treinta y cuatro años, cuantas veces lo
consideró necesario para el bien de España, hizo pública su opinión, aunque en
ocasiones sus palabras llegaran mutiladas al pueblo español o fueran
silenciadas. En sus últimos discursos y declaraciones, el Conde de Barcelona
resumió y se ratificó en la línea política que ha presidido toda su vida.
El Jefe de la
casa Real Española considera que la Monarquía , para ser útil a España, debe ser un
poder arbitral independiente que facilite la superación de la guerra civil; el
establecimiento de una profunda justicia social que elimine la corrupción; la
consolidación de una verdadera democracia pluralista; nuestra plena integración
en la Comunidad
Europea , y el pacífico acceso del pueblo español a la
soberanía nacional para que tengan auténtica representatividad las
instituciones políticas hasta hoy emanadas de la voluntad del General Franco.
Objetivos todos ellos que deben ser primordiales para su hijo y heredero Don
Juan Carlos.
S.A.R. el Conde
de Barcelona, que ha decidido guardar ahora silencio en espera de que sea
oportuna una declaración más extensa, continúa, como siempre, a la disposición
y al servicio de los pueblos que gloriosamente forjaron la nación española y
proclama, una vez más, el derecho de todos los españoles a acceder a la soberanía
nacional.
París, 21 de
noviembre de 1975”
Como
consecuencia de este comportamiento Juan de Borbón tuvo prohibida durante un
tiempo la entrada al territorio nacional.
Finalmente,
el 15 de mayo de 1977, el Pretendiente a la vista de los acontecimientos y en
un acto celebrado en el palacio de la Zarzuela que intentó fuese un hecho relevante
pero que el Gobierno de la nación se negó a respaldar quedando reducido a una
reunión familiar, Juan de Borbón hizo una renuncia pública de sus derechos
dinásticos en favor de su hijo Juan Carlos con lo que definitivamente quedó
cerrado ese episodio que nadie, salvo el propio interesado había mantenido vivo
durante más de treinta años.
Como
puede deducirse de la lectura de estas líneas la conducta política de Juan de
Borbón deja mucho que desear no solo por los vaivenes que experimentó a lo
largo de los años que sus propios seguidores no sabían como adaptarse a los
acontecimientos sino también porque nunca entendió que la dinastía borbónica
había terminado sus días el 13 de abril de 1931 cuando su padre abandonó
España.
El
general Franco por decisión propia quiso que el nuevo estado fuese una
monarquía al frente de la cual puso a un nieto del último rey de España pero
sin ninguna obligación dinástica.
Personajes
tan alejados políticamente como Ricardo de la Cierva e Indalecio Prieto dejan su opinión sobre
el tema en sendos trabajos.
Como
dice Ricardo de la Cierva
en su libro: “Don Juan de Borbón: por
fin toda la verdad”
“Juan de Borbón fue un pretendiente variable. No mantuvo una línea
recta ni coherente en relación con la democracia y con Franco. Cambió muchas
veces de dirección. Toda si vida pública fue una sucesión de contradicciones.
No sabía lo que quería ni a donde iba. Se alineó durante muchos años contra Franco
y luego intentó recuperar su confianza a base de halagos y reconocimientos”.
En el año 1951,
Indalecio Prieto escribió un artículo titulado: “El príncipe mendicante” en el que entre otras cosas dice:
“La contumacia
del Pretendiente pidiendo que le sea cedida la jefatura del Estado evidencia
una lamentable mendicidad. Suele decirse que pobre porfiado saca limosna, pero
ningún rey o aspirante a serlo debe mendigar, resultando más vejatoria su
situación si, a pesar de su porfía, no obtiene limosna. Sorprende la penosa
insistencia del pedigüeño dado el tono de cuantas respuestas recibe que
abominan de toda la dinastía borbónica. La mendicidad es tanto más humillante
cuanto más empingorotado el linaje del mendigo. Hombres de prosapia modesta
prefieren suicidarse a pedir limosna”.
