Las Medidas Económicas de un Gobierno "Progresista"

LAS MEDIDAS ECONÓMICAS DE UN GOBIERNO “PROGRESISTA”

Autor: Geromín
Este artículo va dedicado a las centrales sindicales “defensoras a ultranza” de los derechos de los trabajadores y “volcadas” en conseguir su bienestar y progreso y también a los “intelectualoides” pertenecientes al “Sindicato de la Ceja” que, como siempre que el presidente del gobierno necesita de la respiración asistida, salen al escenario para apoyarle “desinteresadamente”, so pretexto de solicitar ayudas para los más débiles y desamparados.
Me gustaría que la lectura de estas líneas sirviera: por un lado, para desenmascarar a estos colectivos que se caracterizan por su desmesurada ambición de dinero y por mantenerse pasivos ante los graves problemas que aquejan a la clase trabajadora; y por otro, para constatar la realidad de un gobierno que se proclama “progresista” pero que sus decisiones favorecen, especialmente, a la clase adinerada.
Mi pretensión, es pasar una breve revista a la serie de medidas de carácter económico que ha puesto en marcha el gobierno para sacarnos de la crisis y, en teoría, para proteger a los más necesitados. Curiosamente, estas medidas van en dirección contraria a las que se están adoptando en países como Francia y Alemania, en los que gobiernos de derechas están aplicando medidas progresistas, mientras que en España, un gobierno de izquierdas pone en práctica medidas populistas, caracterizadas por la subida de impuestos indirectos que afectan por igual a los ricos y a los pobres.
La primera actitud que tomó el gobierno, por motivos electoralistas fue negar la existencia de la crisis. Es aleccionador visionar los mítines de “Mr. Bean” en la campaña electoral, en los que prometía un crecimiento anual del PIB del 3%, la creación de 2 millones de puestos de trabajo en la próxima legislatura y todo ello además mejorando las coberturas sociales. Los últimos datos del INE ponen de manifiesto que en ese periodo de tiempo se han destruido 1,6 millones de puestos de trabajo y que el deflactor implícito del PIB sigue cayendo por tercer trimestre consecutivo, lo que nos sumerge en la temida deflación. Como siempre “el visionario” acertó de pleno.
Los miembros del ejecutivo, sin excepción, eliminaron este término de su vocabulario y recurrieron a los eufemismos más variopintos para referirse a la situación económica. De acuerdo con esta postura, se aprobaron unos Presupuestos Generales del Estado para el año 2009 totalmente irreales. Con el paso del tiempo hemos podido comprobar que no se han cumplido ninguna de las previsiones macroeconómicas del gobierno. Esta circunstancia retrasará nuestra posible salida de la crisis, si es que ésta se produce.
La segunda medida, anunciada a bombo y platillo, fue la subvención de 400 euros a todos los ciudadanos. Dejando a un lado la barbaridad que, desde el punto de vista económico, supone esta decisión, y centrándonos en el aspecto social vemos que, por su forma de aplicación, hubo más de seis millones de españoles que no se beneficiaron de ella, fundamentalmente los más desfavorecidos, entre los que se encuentran: los parados, los que tienen contratos basura, los trabajadores temporales, los pensionistas con pensiones mínimas y todos aquellos cuyos ingresos no superaban los 8.000 euros anuales.
La tercera medida económica digna de resaltar, fue la aprobación de un real decreto mediante el cual, las plusvalías que obtenían los altos ejecutivos de las grandes empresas, que hasta ese momento cotizaban al tipo medio en el impuesto sobre la renta que, en su caso, era del 43%, pasaron a ser tratadas como las del resto de los ciudadanos, es decir, al 18%. De un plumazo y sin apenas publicidad, los más ricos tuvieron una rebaja fiscal de 25 puntos, sin que ningún “progresista” lo denunciase o criticase.
La cuarta actuación de carácter económico fue la supresión del Impuesto sobre el Patrimonio que gravaba los bienes de los ciudadanos. Existía un mínimo exento a partir del que, con carácter progresivo, se iban estableciendo unos porcentajes de cotización. Evidentemente, la clase trabajadora no pagaba este impuesto, pues se encontraba dentro de ese mínimo, y por eso se eliminó, pues sin duda les aliviaba, en parte, en el pago de sus impuestos.
La quinta medida fue la aprobación de una disposición oficial permitiendo que todo el dinero procedente de los paraísos fiscales que se invirtiera en Deuda Pública española, gozase de opacidad fiscal; es decir, no existía obligación de identificar al inversor a la hora de adquirir estos títulos. Por tanto, no pagarían los impuestos como el resto de los ciudadanos. Eso sí, el gobierno repetía hasta la saciedad, su lucha para eliminar estos paraísos que tanto daño estaban causando a la economía mundial.
La sexta medida adoptada fue la de aprobar desgravaciones para las empresas que contrataran a trabajadores que estuviesen cobrando el subsidio de desempleo. Quiere ello decir que todos los apuntados al paro en el INEM quedaban al margen de estas subvenciones y por tanto no saldrían fácilmente de esta situación.
La séptima decisión fue la de inyectar, con el aval del Estado, cantidades ingentes de dinero a las entidades financieras para que éstas pudiesen seguir llevando a cabo sus actuaciones habituales, entre las que figuran la concesión de créditos a los pequeños empresarios, autónomos y familias. Esta medida que parecía lógica y estaba en línea con la que habían adoptado otros estados, no surtió el efecto deseado ya que al no poner condiciones a estas ayudas, su destino fue otro bien distinto; se dedicaron a pedir dinero al Banco Central Europeo que se lo facilita al 1% y, posteriormente, a adquirir Deuda Pública española al 4%, obteniendo así una ganancia del 3% sin riesgo alguno y con dinero prestado. ¡Especulación pura y dura!
Siguiendo en el sector bancario también conviene resaltar que los 500.000 inmuebles que se calcula que tienen en su poder, como resultado de los embargos a propietarios y promotores, siguen figurando en sus balances con la valoración inicial, lo que supone un fraude para el mercado, ya que: por un lado, impiden el ajuste real de precios que debe producirse en el sector para reactivar la demanda; y por otro, son un falseamiento de los beneficios declarados. Todo ello, evidentemente, con el beneplácito del gobierno y el silencio de los medios de comunicación.
A este escándalo puede añadirse el de las “sabrosas” e inmorales indemnizaciones que reciben los altos ejecutivos de la banca cuando cesan en su actividad. El último caso sonado ha sido el del Sr. Goirigolzarri, consejero delegado del BBVA, de 55 años de edad, que habiendo cesado en su cargo recibirá 60 millones de euros, a cobrar como pensión vitalicia de 3 millones de euros/año.
La octava medida del gobierno, no concretada en una disposición legal pero sí de aplicación permanente, es su permisividad ante las prejubilaciones y los expedientes de regulación de empleo (ERES) que permanentemente se producen en nuestro país. No es comprensible que mientras la Comisión Europea y las organizaciones internacionales estén aconsejando la prolongación de la vida laboral, como medida indispensable para salvaguardar el sistema público de pensiones, nuestro gobierno permita comportamientos contrarios. Es difícil explicar a los ciudadanos, casos como el del Banco Santander, que declara cuantiosos beneficios anuales, y en su sede central de Boadilla del Monte se le permita llevar a cabo un programa de prejubilaciones en el que los 5.500 trabajadores que había inicialmente quedarán reducidos a 2.800.
La novena medida económica interesante es el tratamiento que el gobierno “progresista” va a seguir aplicando a las SICAV. Estas sociedades de inversión son las encargadas de gestionar las grandes fortunas españolas y las ganancias que obtienen en sus operaciones financieras cotizan al 1% en concepto de Impuesto de Sociedades. No es un error tipográfico, es la realidad. Para hacernos una composición de lugar, cabe decir que, en España, la tributación familiar media es del 17,98% y en el caso de las empresas es del 15,76%, teniendo en cuenta todas las desgravaciones fiscales. Pues bien, los adinerados tributan sólo al 1%. Ahora estamos viendo que incluso no pagan este 1%, ya que los inversores reciben los beneficios en forma de reducción de capital.
Se calcula que 440.000 españoles mueven sus patrimonios a través de estas sociedades que han proliferado como hongos. En la actualidad hay 3.400 inscritas, que manejan un patrimonio de 25.000 millones de euros, prácticamente exentos de impuestos.
Ahora se entenderá lo que mencionaba al comienzo de este artículo sobre el “Sindicato de la Ceja”. Las cabezas visibles del “sindicato”, como son: los Almodóvar, Bardem, Víctor Manuel, Ana Belén, Bosé, …. etc. tienen sus patrimonios gestionados por estas sociedades y así están tan contentos con el actual gobierno. Lo curioso del caso es que se autodefinen como fervientes comunistas. No comprendo porqué no se van a disfrutar las bondades de este sistema a Cuba o a China, por ejemplo.
Finalmente, en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2010, no se observa una austeridad en el gasto, más bien todo lo contrario. El número de “enchufados”, ahora denominados asesores, sigue incrementándose de forma alarmante. Por ejemplo, los del presidente del gobierno son ya 664, cuyos gastos aumentan para el próximo año en 30 millones de euros. Los gastos corrientes no disminuyen, lo que permitirá seguir remodelando despachos y adquiriendo coches de lujo para cualquier cargo público. Por el contrario, los gastos en investigación se reducen notablemente. Por ejemplo, los de innovación tecnológica experimentan un recorte del 7,8%. A esta situación, podemos añadir, la ligereza de nuestros gobernantes para conceder subvenciones a las organizaciones más extrañas. Recientemente, se ha vuelto a condonar, por segunda vez, la deuda a Bolivia para favorecer a una empresa privada como es Repsol. El régimen “democrático” de Cuba se ha llevado en el presente ejercicio la cantidad de 292 millones de euros. Cuando la Sra. Fernández de la Vega sale de viaje es para echarse a temblar por la ligereza en conceder subvenciones. Sirva como ejemplo, los 23 millones de euros al Estado de Guerrero, destinados a la mejora de las playas de Acapulco, lo que sin duda redundará en la erradicación del hambre de esa zona.
Lo que sí que queda claro, es que la crisis económica no afecta a la clase política que sigue actuando con la misma e incluso más alegría e irresponsabilidad que antes. La siguiente anécdota es bastante explicativa. Para dar apariencia de preocupación, “Mr. Bean” citó, recientemente, en el Palacio de la Moncloa a tres prestigiosos economistas españoles para tratar de la crisis. Ellos prepararon un dossier con diversas propuestas de medidas a tomar. Al término de la entrevista salieron alucinados, pues de los 60 minutos acordados, el presidente habló durante 55 minutos de su visión personal del problema y el resto del tiempo fue dedicado a temas intrascendentes.
Los gastos de las Comunidades Autónomas y de los Ayuntamientos están totalmente fuera de control, constituyen un pozo sin fondo y sirven para financiar a los partidos políticos y para colocar a toda su clientela
Los últimos informes de entidades solventes vaticinan que el déficit público no bajará del 10% en los dos próximos años, mientras que el gobierno asegura que en el año 2012 el déficit será del 3%, pues si admitiera lo contrario, sería aceptar que seremos expulsados de la zona euro. Esta afirmación, una mentira más, no se la cree ni el propio “Mr. Bean”.
Parafraseando a Suárez, afirmo que: puedo prometer y prometo que todo lo expuesto en el presente artículo, aunque parezca inverosímil es cierto, y pone de manifiesto una vez más, la demagogia gobernante, pues los hechos demuestran de forma contundente, que con sus medidas de carácter económico está favoreciendo fundamentalmente a la clase adinerada, ante la pasividad de los políticos que se definen y vanaglorian de ser de izquierdas.
Punto y aparte merecen las centrales sindicales, cuyo único objetivo es lograr un incremento de las subvenciones públicas que reciben, hecho que se viene sucediendo desde el año 2006, con un aumento anual del orden del 11%. En el año 2009, las subvenciones públicas directas, de los Presupuestos Generales del Estado, a UGT y CCOO ascendieron a 163 millones de euros, a lo que hay que agregar las que obtienen por otras vías. Por ejemplo, la Junta de Andalucía, en el periodo 2004-2008, subvencionó a estas dos centrales con 265 millones de euros. Lo que explica que a pesar de ser la Comunidad Autónoma con más índice de paro y peor calidad en el empleo, no se produzca protesta alguna, mientras que en la Comunidad de Madrid, salen a la calle por cualquier motivo. Todo ello además, sin considerar los importantes bocados dinerarios que se llevan en la negociación empresarial de los ERES. De ahí su pasividad ante el incremento de los mismos. Eso si, sin intencionalidad política, sólo para defender a los trabajadores.
Lo triste es que hay ciudadanos que siguen creyendo en este montaje y se dejan engañar con las proclamas populistas. Yo, a estas personas, les preguntaría: ¿Cuántos liberados o enlaces sindicales se ven afectados por un ERE?
Ante esta lamentable y penosa situación no cabe más que esperar un milagro de la Virgen de Lourdes y como dicen los castizos: “Que Dios nos coja confesaos”.


Madrid, 20 de noviembre de 2009