La Confianza en las Instituciones

Autor: Geromín

El Jefe del Estado en sus dos últimas intervenciones públicas, discurso de Navidad y apertura de la nueva legislatura, nos ha pedido a los ciudadanos que, a pesar de algunos fallos puntuales, confiemos en las Instituciones que son la base para el buen funcionamiento del sistema democrático.
Desde mi punto de vista, S.M. nos pide un ejercicio de fe muy importante para creer en unas Instituciones que nos vienen dando reiteradas muestras, no de fallos puntuales, sino de su pésimo funcionamiento, en especial durante la última etapa socialista del Sr. Rodríguez Zapatero que las ha envilecido y politizado hasta límites insospechados ante la pasividad de las Cortes Generales y de las propias Instituciones.
Sin remontarnos a épocas pasadas, podemos observar multitud de ejemplos en los que estas Instituciones, para las que ahora se nos pide confianza y credibilidad, han tenido comportamientos que me atrevería a calificar de obscenos por el efecto que han causado en la sociedad civil y por ello resulta muy difícil atender su petición.

¿Cómo voy a confiar en el Tribunal Constitucional, si su presidente D. Pascual Sala ha dado pruebas de ser “maleable” en su impartición de la justicia? Él fue el magistrado ponente en el recurso de “Los Albertos” y con una teoría “sui generis” aplicada al efecto, consiguió que no cumplieran la pena de cuatro meses de prisión que les había impuesto el Tribunal Supremo. Este mismo magistrado forzó la Sentencia que ha permitido a los proetarras estar presentes en las Instituciones para las que ahora nos piden comprensión. Y no cito sentencias anteriores que dañaron irreversiblemente la credibilidad de este Tribunal que se encuentra inmerso en un permanente conflicto competencial con el Tribunal Supremo que podría resolverse si pasase a ser una Sala más de este Tribunal y no como en la actualidad que es en realidad un Tribunal de apelación.

¿Cómo voy a confiar en el Consejo General del Poder Judicial si sus miembros son elegidos por las Cortes Generales, vulnerando el principio de independencia de la Justicia y lo dispuesto en el art. 117.1 de la Constitución Española? Han dado igualmente pruebas de comportamientos diferentes según la ideología del juez examinado. ¿Han seguido el mismo criterio para sancionar a los Sres. Gómez de Liaño o Garzón? Evidentemente que no. Al primero, le separaron fulminantemente de la carrera judicial por haber intentado que el entonces todopoderoso Sr. Polanco cumpliese con la legalidad vigente, mientras que con el segundo, ha tenido que ser la presión de la prensa y de la sociedad civil la que les ha obligado a suspenderle cautelarmente de sus funciones ante la evidencia de que sus actuaciones como juez instructor, presuntamente, son constitutivas de delito. Además ha consentido durante años la puesta en escena del Sr. Garzón, con todos los medios de comunicación a su disposición para ejercer la justicia en beneficio propio vulnerando el secreto de los sumarios o los derechos de los imputados. Que yo recuerde no ha existido advertencia alguna sobre este comportamiento impropio de un magistrado. Igualmente se ha permitido al Sr. Gómez Bermúdez cerrar en falso el proceso relativo al atentado que causó cerca de 200 victimas, sin que se haya investigado a fondo y se hayan podido aportar todas las pruebas solicitadas por los defensores de las victimas.

¿Cómo voy a confiar en la Fiscalía General del Estado que ha demostrado actuar a las órdenes del Gobierno sin tener en cuenta lo establecido en el art. 124 de la Constitución Española? El Sr. Conde-Pumpido no ha abierto diligencia alguna sobre casos tan llamativos como el denominado “Chivatazo del Bar Faisán” o el dudoso enriquecimiento del ex Presidente del Congreso. Por el contrario, ha reaccionado rápidamente para actuar en aquellos otros que favorecían los deseos del Gobierno e incluso ha arremetido contra periodistas que hacían públicas algunas conductas irregulares, cuando no ilegales, de algún miembro del Gobierno.

¿Cómo voy a confiar en el Banco de España, si su Gobernador, el Sr. Fernández Ordóñez ha sido cómplice del Gobierno en el tratamiento de la crisis financiera? Su actuación nos ha llevado a la actual situación en la que con el dinero de nuestros impuestos tendremos que pagar el saneamiento de un sistema que viene deteriorándose desde años atrás y que al haber renunciado a su cometido fundamental como es el de la supervisión e inspección de las entidades bancarias nos ha llevado al borde de la quiebra.

¿Cómo voy a confiar en las Cortes Generales, si sus miembros no van a servir al Estado sino más bien al contrario, a servirse del Estado? Los partidos políticos nos imponen unas listas cerradas en las que los ciudadanos no podemos elegir aquellas personas que nos parezcan mejor preparadas. Considero que la condición de parlamentario debería ser un honor para el elegido que le permite defender y mejorar las condiciones de vida de sus representados y no, como sucede en la actualidad, que es una sustanciosa fuente de ingresos y se limita a votar las propuestas del partido político al que pertenece. ¿Cómo se puede explicar que un diputado socialista de Extremadura haya votado favorablemente el Estatuto de Cataluña que empobrece a los extremeños?
¿Por qué gozan de unos privilegios escandalosos? Basten los siguientes ejemplos para avalar mi postura:
* Derecho a cobrar la pensión máxima con sólo 8 años de trabajo.
* Disfrute de un Plan de pensiones privado con cargo a los Presupuestos Generales del Estado.
* Retención del 4,5 % en el I.R.P.F.
* Pago de las cuotas a la Seguridad Social y a las Mutualidades con cargo al Presupuesto de las Cortes.
* Cobro de sus retribuciones compatible con cualquier otra percepción del Estado.
* Elevado absentismo.
* Gastos suntuarios excesivos (Dietas, móviles, personal de apoyo, etc).
* Retribuciones salariales que causan estupor en los ciudadanos por su elevada cuantía.
* Dilatados periodos vacacionales (en el momento presente van a estar 111 días sin celebrar Pleno alguno).
Y para cargar más las tintas, solamente, el 30% de los parlamentarios se dedican plenamente a esta actividad. Además exigen traducción simultánea en el Senado que es una Cámara de una inutilidad demostrada, sin importarles nada el coste de la “broma”.

¿Cómo voy a confiar en las Comunidades Autónomas que han despilfarrado el dinero público sin ningún tipo de control y han aprovechado para conceder subvenciones públicas a sus familiares o amigos con una desfachatez digna de mención, como es el caso de los falsos EREs en la Junta de Andalucía que terminará en algún despacho sin haberse depurado responsabilidades penales.
Sirvan de ejemplo las siguientes obras faraónicas que actualmente están, prácticamente, fuera de servicio:
* Aeropuertos de Ciudad Real, Castellón, Lérida, León y Badajoz
* Tren de Alta Velocidad Toledo-Cuenca
* Palacios de Congresos en numerosas ciudades que apenas se utilizan.
Todas ellas han requerido inversiones millonarias y créditos de las correspondientes Cajas de Ahorros que ahora necesitan ser ayudadas con fondos públicos para su supervivencia y viabilidad.
¿Quienes son los beneficiarios de estos créditos?
Han actuado como verdaderos reinos de Taifas convirtiendo España en 17 mercados, con requisitos administrativos diferentes en perjuicio de las empresas que ven encarecidos sus costes de producción innecesariamente.
Han contratado funcionarios sin medida alguna y se han rodeado de “cortesanos” que cantan las hazañas de estos “sátrapas” que, incluso, han abierto “embajadas” en otros países.
Se han acondicionado verdaderos palacios como residencias habituales de los presidentes a costa del erario público.
Los parques de vehículos oficiales de alta gama que se están descubriendo causan estupor entre la opinión pública, pero no pasa nada.

¿Cómo voy a confiar en los Ayuntamientos en los que se han detectado multitud de casos de corrupción? Hasta el momento presente no hay un solo imputado que esté en prisión y los casos se van ”tapando” con el paso del tiempo. Los salarios de los Alcaldes son escandalosos. Sirva de ejemplo que el Alcalde de Alcobendas cobra 95.000 euros al año. Cualquier concejal de un municipio pequeño dispone de tarjeta de crédito para pagarse sus gastos “oficiales”. Las recalificaciones del suelo y la concesión de licencias han sido las vías de ingresos atípicos de estas instituciones y de sus miembros.

¿Cómo voy a confiar en los Órganos reguladores, léase: Comisión Nacional de Energía; Comisión Nacional del Mercado de Valores o Tribunal de Defensa de la Libre Competencia si todos sus presidentes son nombrados por el Gobierno? Estará por producirse el primer caso en que un acuerdo de uno de estos Órganos discrepe de la posición del Gobierno.

¿Cómo voy a confiar en el Tribunal de Cuentas si sus actuaciones no tienen efecto legal alguno pues sus Informes y Memorias siempre llegan con demasiado retraso? Aunque el art. 136 de la Constitución Española le atribuye una serie de competencias, la realidad es que las Administraciones Públicas no están interesadas en su buen funcionamiento porque les podría desmontar alguno de sus “negocios”.

¿Cómo voy a confiar en los Partidos Políticos si el sistema de selección de sus cargos sigue un proceso negativo? Para ascender dentro del partido sólo vale el servilismo, no se tiene en cuenta la formación académica, la trayectoria profesional o la valía de la persona. ¿En qué democracia consolidada hubiesen podido llegar a ser ministros del Gobierno, personajes como: José Blanco, Bibiana Aído, Leyre Pajín, José Montilla, etc. que son analfabetos culturales y carecen de experiencia profesional? Y no digamos del Sr. Rodríguez Zapatero cuyo bagaje intelectual y su formación dejan mucho que desear.

¿Cómo voy a confiar en las Centrales Sindicales, cuya única preocupación es conseguir incrementos en las subvenciones públicas, potenciar su posición dominante en el mundo laboral y cobrar por la autorización de ERES aunque ello suponga aumentar las listas del paro? No se ha visto actuación alguna para intentar solucionar la situación de los cinco millones de parados. Lo único seguro es que ningún directivo de estas Centrales o familiar suyo figura en las listas del paro.

¿Cómo voy a confiar en el Gobierno de la nación, si en estos últimos ocho años ha gobernado solamente para los de su ideología, ignorando, cuando no agrediendo a los que no opinaban como ellos? Este Gobierno saliente ha dejado a España en una situación económica, social, moral y educativa verdaderamente lastimosa y ahora cuando es derrotado en las urnas, abandona sus puestos y retornan a sus casas sn responsabilidad alguna y a disfrutar de las prebendas establecidas al efecto. En el resto de las profesiones: médicos, abogados, ingenieros, etc. existen responsabilidades civiles e incluso penales para cualquier profesional que cometa un error grave en el ejercicio de su profesión. En el caso de los políticos esta circunstancia no se da ni se ha planteado establecerla. Cuando se descubre, por la prensa algún caso de corrupción, como ahora es el de José Blanco, lo primero que hacen es negar la evidencia y luego esperar que pase el tiempo que todo lo cura.

Este estado de descomposición social ha llegado hasta la propia Casa Real, en la que uno de sus miembros, independientemente de si ha cometido delito o no, ha tenido una conducta censurable al sumergirse en el “mundo de los negocios”, olvidándose de su pertenencia a una Institución del Estado que está obligada a dar ejemplo en sus comportamientos.

En resumen, Majestad, nos pide un esfuerzo sobrehumano difícil de llevar a cabo dada la situación expuesta. En mi opinión, para solucionar este grave problema, el primer paso deberían darlo las Instituciones, mejorando sus comportamientos y ejerciendo las competencias que la legislación vigente les asigna sin temer que los políticos de turno puedan destituirlos. En ese caso, los ciudadanos podríamos empezar a confiar en unas Instituciones que actualmente para lo único que sirven es para incrementar el déficit del Estado.

Madrid, 1 de enero de 2012