lunes, 30 de abril de 2012




Las Centrales Sindicales
Inoperantes y Gravosas

Autor: Geromín

En el mundo occidental, el papel que jugaron las organizaciones sindicales en los siglos XIX y XX, como defensoras de los derechos de los trabajadores, ha sido debidamente reconocido. En España, los sindicatos aparecieron en el año 1830 y han constituido un elemento fundamental de modernización, unas veces a través del enfrentamiento y otras mediante la negociación, condicionaron la construcción de un sistema en el que la garantía de un cierto bienestar para la clase obrera y la movilidad entre clases terminaron siendo una realidad.
Su comportamiento durante la 2ª República fue verdaderamente lamentable pues desde el primer momento no aceptaron el nuevo régimen y conscientes de su debilidad se dedicaron a la práctica del bandidaje, al saqueo domiciliario y al asesinato puro y duro, olvidando a la clase trabajadora que fue la que más sufrió sus consecuencias durante esta etapa dolorosa de nuestra historia.    
Durante el régimen anterior, bajo la denominación de “sindicatos verticales”, colaboraron con el sistema defendiendo a los trabajadores y obteniendo muchas ventajas para ellos, como la seguridad social, las viviendas protegidas o la práctica desaparición del despido libre a costa de la supresión del derecho de huelga y de otras privaciones.
Cuando llegó el cambio de régimen se consideró oportuno por los responsables políticos primar a las centrales mayoritarias (UGT y CCOO) por encima de las restantes. Esta decisión obedecía a la necesidad de legitimar unos acuerdos imprescindibles para alcanzar la necesaria paz social que permitiese el avance de la democracia en España otorgándoles un mayor peso político y económico.
Este modelo ha tenido aspectos positivos y ha coadyuvado a que, salvo excepciones y conflictos puntuales, no hayan existido en nuestro país grandes tensiones sociales. Parte de este éxito reside en el comportamiento de sus líderes: Nicolás Redondo por UGT y Marcelino Camacho por CCOO, que prefirieron la línea del diálogo a la del enfrentamiento.
Dentro de este capítulo de prebendas que les regalaron merecen destacarse las siguientes:
a)     Regalo de los inmuebles donde se ubican sus sedes sociales, tanto las centrales como las provinciales con mantenimiento a costa del Estado y exentos de impuestos.
b)     Asignación de unas subvenciones fijas con cargo a los Presupuestos Generales de Estado.
c)     Participación en los programas de formación de los trabajadores generosamente subvencionados con cargo a los Presupuestos Generales del Estado.
d)     Aceptación de la figura del “liberado sindical” que es un trabajador que no trabaja para la empresa que paga su salario.
e)     Participación en los Consejos de Administración de las Cajas de Ahorros y de los entes públicos con el cobro de sus correspondientes y sustanciosas retribuciones.
f)       Concesión de subvenciones por parte de las Comunidades Autónomas para programas que no tienen nada que ver con los trabajadores, como ha sucedido con la última que hemos conocido por valor de un millón de euros que les ha concedido la Junta de Andalucía para fomentar la enseñanza en países africanos.
Han transcurridos treinta años y la evolución de estas organizaciones ha sido, en mi opinión, totalmente negativa para los intereses de la clase trabajadora. Durante este periodo de tiempo sus dos objetivos fundamentales han sido:

* Recaudar dinero por todos los medios a su alcance.
* Crear una estructura burocrática sobredimensionada en la que tuvieran cabida todos los familiares, amigos y compromisos personales de sus dirigentes.

Han desatendido las demandas de los trabajadores que veían impotentes como las cifras del paro se iban incrementando hasta llegar a los 5,3 millones que tenemos en la actualidad como resultado de una legislación laboral rígida y heredada del régimen franquista al que tanto se critica.
Además, hemos conocido los ambientes de lujo en que se mueven sus dirigentes. Comiendo en los restaurantes más caros de Madrid, realizando cruceros por el Báltico, en fechas previas a la convocatoria de la huelga general, o disfrutando de paradisiacas vacaciones en Madeira. Sin olvidarnos de la afición del compañero Méndez por los relojes de lujo o del camarada Toxo por adquirir pisos de protección oficial sin reunir los requisitos legales para su adjudicación.
Para centrarnos en la situación actual y que el lector pueda hacerse una composición real de los fondos que manejan estas organizaciones vamos a presentar las escandalosas cifras correspondientes al pasado año concedidas por el Gobierno y otras Administraciones.

     12 millones de euros                      con cargo a los Presupuestos Generales del Estado.
       8       “             “                           por su participación en órganos consultivos.
2.300       “             “                           para financiar la formación de los trabajadores, a               repartir con CEOE y Cepyme.
       X      “             “                         subvenciones procedentes de la C.C. A.A.
       Y      “             “                            por su participación en la negociación de los EREs.
       Z      “              “                        por su presencia en Consejos de Administración.

Las cantidades que designo como X, Y y Z se deben al desconocimiento de su cuantía, pues otra de las peculiaridades de la contabilidad de las cuentas sindicales es que son totalmente opacas. El Tribunal de Cuentas lleva años callado ante semejante barbaridad.
Ahora que está de moda criticar a la Casa Real por su falta de transparencia, no estaría de más que se midiese con la misma vara de medir a las organizaciones sindicales que no rinden cuenta de sus actuaciones.
A este coste económico directo debemos añadir el salario de los 4.800 liberados sindicales que hay en España que abonan sus respectivas empresas sin que aporten una sola hora de su trabajo.
Y también los 300.000 delegados sindicales que, con sus horas libres, tampoco trabajan para la empresa en cuya plantilla figuran.
Otra de las peculiaridades de las centrales sindicales es que mantienen la postura ideológica del siglo XIX, es decir, de enfrentamiento con la patronal, presentando a los empresarios como los auténticos promotores del desastre económico que padecemos y verdaderos explotadores de la clase obrera. Mientras tanto en Europa el planteamiento es radicalmente diferente y lo que pretenden es resolver mediante el diálogo los problemas de cada empresa a fin de salvar el mayor número posible de puestos de trabajo. 
Igualmente, y con afán recaudatorio, han constituido fundaciones, sociedades de gestión de seguros y despachos de asesoramiento jurídico.
Toda esta inmensa maquinaria financiera se ha desarrollado durante los ocho años de gobierno del nefasto José Luís Rodríguez Zapatero en los que los sindicatos se han centrado en estas actividades lucrativas despreocupándose de los problemas de los trabajadores.
Cuando el nuevo Gobierno está aprobando medidas para intentar paliar la grave situación del paro y al mismo tiempo recortando algunos de los privilegios apuntados, comienzan a movilizarse bajo pretexto de defender los derechos de los obreros.
¡Hay que tener desfachatez para recurrir a tamaña falacia!
En los momentos actuales en que se nos está exigiendo a los españoles unos sacrificios importantes para poder pagar todas las alegrías y tropelías llevadas a cabo por José Luís Rodríguez Zapatero y sus gobiernos, al que, por cierto, sus compañeros de partido han eliminado de todos sus actos públicos, considero que estos sacrificios han de llegar también a estas organizaciones.
En mi opinión deberían adoptarse las siguientes medidas:

* Supresión total de las subvenciones contempladas en los Presupuestos Generales del Estado. Al igual que se exige a la Iglesia católica que se financie con las cuotas de sus fieles, estas organizaciones deben seguir el mismo camino.
* Eliminación de la figura del “liberado sindical” cuyo pago de su salario corre a cargo de la empresa sin haberle dedicado ni una sola hora de su trabajo. Que sea el sindicato el que se lo abone si considera imprescindible su presencia en la empresa.
* Visto el fracaso habido en los últimos años, eliminación de la subvención existente en los Presupuestos Generales del Estado dedicada a formación de los trabajadores que asciende a 2.300 millones de euros, gestionados conjuntamente por sindicatos y patronal.
* Fiscalización por el Tribunal de Cuentas de todos los movimientos económicos de estas organizaciones.
* Supresión de todos los puestos que están asignados a los sindicatos en los distintos Consejos de Administración de los entes públicos y entidades financieras. El último caso conocido es el del compañero José Ricardo Martínez, secretario general de UGT de Madrid, que cobra el módico sueldo de 180.000 euros anuales por su pertenencia al consejo de Bankia y tiene la desvergüenza de encabezar todos los movimientos y movilizaciones reivindicativas que se convocan en la capital de España.
* Eliminación del carácter obligatorio de los convenios colectivos sectoriales y que sean las propias empresas en diálogo con sus trabajadores los que resuelvan los problemas existentes para la supervivencia de la empresa.
* Modificación del Código Penal para regular el comportamiento de los mal llamados “piquetes informativos” que en realidad se trata de “piquetes coactivos” que impiden ejercer el derecho al trabajo a otros trabajadores. Las organizaciones convocantes de manifestaciones deberían abonar los destrozos urbanos que causan los asistentes a las mismas.
* Regulación del derecho de huelga en los servicios públicos para evitar el daño que causan a otros trabajadores.
* Exigencia de responsabilidades penales en la mala gestión de las subvenciones y en la tramitación de los EREs fraudulentos.

En mi opinión estas medidas conjuntamente con el necesario cambio de mentalidad de sus dirigentes son condiciones imprescindibles para incorporarnos al mundo occidental en el que nos encontramos, aunque algunos quisieran retornar a los tiempos de la extinta Unión Soviética y eso, como la resurrección de Franco es algo imposible.
Por suerte, la última huelga general ha sido un fracaso, lo que pone de manifiesto que cada vez son más los trabajadores que no se sienten representados por esta pantomima de sindicatos que lo único que defienden son sus escandalosas prebendas y su bienestar personal.
Una prueba más de esta desafección popular han sido las movilizaciones convocadas con motivo del 1º de mayo a las que han acudido un número ridículo de personas.

Espero y deseo que en el menor plazo de tiempo posible se produzca un cambio en sus dirigentes y en sus estructuras que les permita ejercer su verdadera función de la defensa de las condiciones laborales de los trabajadores mediante el diálogo y no como sucedió durante la última legislatura, en la que después de numerosas reuniones con la patronal “mareando la perdiz”, para aparentar un diálogo terminaron sin alcanzar acuerdo alguno.




                                                                                   Madrid, 1 de mayo de 2012    




martes, 20 de marzo de 2012

El Expolio del Museo Arquelógico Nacional

Autor: Geromín

En los momentos actuales, en que nos encontramos sometidos al bombardeo mediático sobre el resultado final de la batalla jurídica que España ha mantenido con la empresa americana Odyssey Marine Exploration, referente al tesoro rescatado del buque Nuestra Señora de las Mercedes hundido frente a las costas de Portugal en el año 1804, consistente en 17 toneladas de oro y plata correspondientes a 594.000 monedas debidamente clasificadas, y que, finalmente, han sido transportadas a España como legítima dueña de ese cargamento, me parece muy oportuno traer a colación otra actuación relativa también a nuestro Patrimonio Nacional pero de consecuencias negativas, como fue el expolio a que se vio sometido el Museo Arqueológico Nacional durante la 2ª República, llevado a cabo por responsables del Gobierno.
La incautación de las monedas de este Museo fue una pérdida irreparable, ocurrida en circunstancias que hay que considerar, incluso dentro del marco de la Guerra Civil muy penosas por el propio hecho, la forma en que ocurrió y, sus consecuencias, que todavía lamentamos.
De todos es conocido el “Saqueo del Banco de España” llevado a cabo por Juan Negrín acompañado de sus secuaces, que produjo una pérdida económica irreparable para las arcas públicas, pero el expolio del Museo Arqueológico Nacional ha pasado más desapercibido al haber sido ocultado, deliberadamente, por los compañeros de sus autores, aunque también supuso una gran pérdida mayor aun si cabe para el Patrimonio Histórico Artístico de nuestro país.

ANTECEDENTES
El origen de este Museo se remonta a Felipe V, quien en el año 1711 decidió crear una Biblioteca Real en la que, además de libros se ocuparía de recoger, recuperar, clasificar y conservar: manuscritos, instrumentos científicos, monedas, medallas y otras curiosidades históricas.
Las monedas procedían de las colecciones reales a las que se fueron añadiendo las que se iban adquiriendo de colecciones particulares de tal forma que en el año 1715 ya se custodiaban más de 20.000 monedas en esta biblioteca.
Este proceso continuó durante todo el siglo XVIII y la primera mitad del siglo XIX de tal forma que cuando se creó el Museo Arqueológico Nacional como institución independiente en el año 1867, la colección de monedas estaba compuesta por 103.096 piezas.
El prestigio que alcanzó la colección internacionalmente considerada es digno de tenerse en cuenta y el aumento de piezas fue incrementándose, sobre todo a partir de la Restauración, de tal modo que en el Catalogo que se editó en el año 1925 figuraban 160.000 monedas y 15.000 medallas lo que la convirtió en una de las más prestigiosas y valiosas del mundo.
Este es el tesoro que se guardaba en el Museo cuando se produjo el expolio que pasamos a relatar a continuación.

EXPOLIO
El relato de los hechos está basado en el informe que redactó, el 16 de mayo de 1939, Felipe Mateo y Llopis, conservador del Gabinete Numismático del Museo y testigo de excepción del expolio, sobre lo ocurrido entre el 17 de julio de 1936 y el 1 de marzo de 1937, en que con una minuciosidad digna de elogio describió, paso a paso, las distintas actuaciones ocurridas y los nombres de sus protagonistas. Dada la extensión del citado informe no me ha parecido oportuno transcribirlo en este breve artículo, pero el lector que pueda estar interesado en más detalles puede consultarlo en la biblioteca del propio Museo.
A los pocos días de producirse la sublevación militar, el 23 de julio de 1936 el Gobierno de la República creó la Junta de Incautación y Protección del Tesoro Artístico, también conocida como Junta de Incautación de Obras de Arte, cuya finalidad teórica era la de atajar los daños producidos en el Patrimonio Histórico Artístico como consecuencia de los saqueos y quemas de conventos e iglesias que se estaban produciendo en la zona republicana.
Los objetos arqueológicos y las antigüedades deberían ser depositados en el Museo Arqueológico Nacional que llegó a convertirse en un inmenso almacén.
El 2 de octubre de 1936, esta institución quedó en poder de las milicias y de la Guardia Nacional Republicana y cerró sus puertas al público, tras haber sido detenidos todos sus funcionarios, algunos de los cuales perecieron fusilados. Los que se reintegraron a sus puestos de trabajo conscientes de lo que podía pasar comenzaron, con riesgo de sus propias vidas, a ocultar aquellas piezas que consideraban de más valor. Unas las escondieron en los sótanos y en los lugares más insospechados del propio Museo, y otras, las sacaron escondidas debajo de sus prendas de abrigo y las guardaron en sus propias casas.
No habían terminado con esta actividad, cuando en la tarde del 4 de noviembre de 1936 se personaron en el Museo Wenceslao Roces Suárez, subsecretario del Ministerio de Instrucción Pública, acompañado por Antonio Rodríguez Moñino, representante de la Junta de Incautación de Obras de Arte, y de un grupo numeroso de milicianos armados, que siguiendo órdenes del Gobierno iban a hacerse cargo de todos los tesoros y los objetos de oro y plata, especialmente de las monedas que hubiera en el Museo.
Asistidos por los conservadores de la institución comenzaron con el registro y recogida de todo lo que encontraban a su paso. Debido a la falta de luz eléctrica y a la resistencia pasiva de los funcionarios que les conducían por caminos equivocados pudieron salvarse las piezas que, previamente, habían escondido.
El saqueo terminó al día siguiente, levantándose acta de entrega donde se hacía constar las 2.950 monedas incautadas que fueron las siguientes:

58 monedas griegas
830 romanas
297 bizantinas
585 árabes
322 visigodas
94 españoles medievales y modernas
111 francesas
432 extranjeras
69 medallas
La pérdida de las monedas visigodas e hispano-árabes ha sido irreparable pues como luego veremos, los autores del expolio para borrar pistas decidieron fundirlas y venderlas por oro.
Se calcula que el valor numismático de lo sustraído que por supuesto no es lo más importante podría superar los 10 millones de euros.

ITINERARIO DEL BOTÍN
Las monedas fueron colocadas en dos cajas de madera y ese mismo día salieron por carretera hacia Valencia donde fueron depositadas en la Torre de los Serrano. Allí permanecieron hasta mediados del año 1937 en que se trasladaron a Barcelona depositándose en el Monasterio de Pedralbes y, posteriormente, en la Caja de Reparaciones, sita en la Plaza de Cataluña, donde estuvieron hasta noviembre de 1938 que se llevaron al castillo de Figueras.
Como se iban incorporando a este botín de guerra todas las joyas y el oro procedente de los saqueos domiciliarios y del propio Banco de España, el Gobierno construyó una mina en Lavajal (Gerona) en la que se depositó todo el tesoro.
El 6 de febrero de 1939 salió de España todo el alijo en un camión por la frontera de Le Perthus desde donde se trasladaron a París por ferrocarril, quedando depositado en la Embajada española durante varios días. Ante el inminente reconocimiento de Francia del nuevo gobierno español y por tanto la pérdida de la Embajada, decidieron transportar el tesoro en barcazas hasta Rouen desde donde se trasladaron al puerto inglés de Southampton y desde este, se embarcaron en el célebre yate Vita con rumbo a México. Existen varias versiones sobre este recorrido desde París hasta el yate Vita, pero la realidad es que el barco partió rumbo a América a finales de febrero llegando a Veracruz a finales de marzo, desde donde se llevaron a Tampico en dos vagones de tren y desde esta ciudad a la de México, depositándose en “Villa Obregón” residencia a nombre de Indalecio Prieto. Sobre el tesoro depositado en este barco, es muy ilustrativo leer el libro: “El oro del Banco de España y la historia del Vita” publicado por Amaro del Rosal, miembro destacado de la UGT y protagonista de los hechos.
A partir de aquí, se pierde el rastro de este tesoro numismático. Lo que si se sabe es que se inicia una lucha feroz entre Indalecio Prieto y Juan Negrín para controlar el tesoro expoliado a todos los españoles y que les permitiría vivir el resto de sus días en un ambiente de lujo.

CONCLUSIONES
El análisis de los datos aportados nos permite concretar las siguientes conclusiones:
* La desaparición de las monedas de oro del Museo Arqueológico Nacional es uno de los más lamentables sucesos acaecidos a lo largo de la historia del Patrimonio Histórico de España y, casi sin ninguna duda, el más vergonzoso de todos.
* Todos los datos evidencian que la incautación de las monedas, por sus circunstancias y características, solo se puede calificar como de un robo con intimidación, alevosía y abuso de autoridad, que es un grave caso de prevaricación, con el agravante de que se trataba de un bien público de la mayor importancia cultural para todos los españoles.
* En este auténtico robo no cabe aducir razones ideológicas, pues la notable pérdida económica y patrimonial que se sustraía a España, a la sociedad, y a cada ciudadano, fue destinada al beneficio de algunos políticos de la élite republicana que sin escrúpulos, con esos medios buscaron asegurarse individualmente un estatus de lujo durante el exilio.
* Todos los sucesos y circunstancias analizados desmienten con rotundidad cuanto se ha dicho sobre la defensa del Patrimonio Histórico-Artístico por parte del Gobierno de la 2ª República. Según evidencian los hechos, dicha defensa, al margen de la actuación ejemplar de algunos ciudadanos, era solo propaganda, muy propia de los regímenes totalitarios como el de la Unión Soviética, cuya influencia en la España de esa época era incuestionable.
* No se conoce en la Historia ninguna actuación semejante del robo y reparto entre los dirigentes políticos que lo han cometido, de los bienes del Patrimonio Histórico propiedad de todos los españoles. Ni siquiera en la Revolución Francesa o en la revolución bolchevique, e incluso en la Revolución Cultural de Mao, hay noticias de semejante latrocinio.
* Esa forma de proceder se corresponde con un comportamiento característico de clanes o grupos dirigidos por élites “clientelares” cuyo origen y forma de actuación deben considerarse no democrático. Es la consecuencia de un sistema político que actuaba al margen de la legalidad vigente y que aprovechaba toda circunstancia propicia, desde la guerra a la ideología para lograr sus propósitos de poder y de enriquecimiento personal, al mismo tiempo que enmascaraban y ocultaban a la sociedad sus verdaderas intenciones con su forma de actuar, en absoluto democrática.
* Los datos analizados confirman que se trata de un comportamiento mafioso, como evidencia la incautación y utilización personal, sin documentación alguna de control, de las monedas de oro del Museo Arqueológico.
* Esta conclusión de ausencia de democracia en la 2ª República española puede resultar muy dura, pero en realidad es la deducción de un análisis objetivo de lo acaecido y de las circunstancias que rodearon este robo manifiesto perpetrado a todos los españoles.

Por cierto, y como curiosidad para los lectores, se señala que cuando se restableció la democracia en nuestro país, Wenceslao Roces Suárez, protagonista del robo, regresó a España y salió elegido senador por Asturias, en las listas del partido socialista en las que fue incluido en agradecimiento a su aportación económica y como recompensa a su “loable actuación”, cuando, por el contrario, debería haber rendido cuentas de este atraco al Patrimonio Histórico de todos los españoles. En esa época fue requerido por el entonces director del Museo Arqueológico, Martín Almagro Basch, para que facilitase información sobre las monedas robadas a lo que “el ladrón” se negó. Regresó a México donde falleció en 1992.


Madrid, 20 de marzo de 2012