Los cadaveres políticos de la Monarquía

Los Cadáveres Políticos de la Monarquía


Autor: Geromín

La Ley de Sucesión en la Jefatura del Estado, una de las ocho leyes fundamentales del franquismo aprobada en el año 1947, definía España como un Reino y designaba a Francisco Franco Bahamonde Jefe del Estado con carácter vitalicio. Asimismo le otorgaba la facultad para proponer su sucesor a título de Rey, en la persona que él estimase oportuno, con los únicos condicionamientos de ser católico, haber cumplido los treinta años y reunir las cualidades necesarias para el cargo.
En el año 1969, el general Franco, presionado por el almirante Carrero Blanco y su entorno, que eran los que realmente gobernaban la nación, dado el declive físico del Jefe del Estado, decide nombrar sucesor a Juan Carlos de Borbón, y le otorga el título de Príncipe de España, como una prueba evidente de que se instauraba una nueva monarquía, sin nexo alguno con la anterior.
A partir de este momento, el entorno que apoya al Príncipe inicia una ingente tarea, no escatimando medio alguno, con la televisión pública en punta de lanza, para consolidar una institución que no gozaba del aprecio del pueblo, dados los antecedentes de la dinastía borbónica. Esta familia llegó al trono de España en cumplimiento de lo acordado en el Tratado de Utrech, que puso fin a la Guerra de Sucesión y terminó con todas las colonias españolas en Europa. Los distintos monarcas de esta dinastía, con la excepción de Carlos III, no estuvieron a la altura de las circunstancias en ninguno de los momentos históricos que les tocó vivir, más bien al contrario se dedicaron a los festejos cortesanos y a sus devaneos y aventuras amorosas extraconyugales. Entre tanto, nuestro país sufría un importante retroceso en su desarrollo y quedaba al margen de las revoluciones industriales que se producían en Europa. Este comportamiento dejó en el pueblo un sentimiento antimonárquico que propició dos intentos fallidos para implantar un régimen republicano.
Al fallecimiento de Franco, los partidos políticos, poderes fácticos y organizaciones sociales llegaron al convencimiento de que la única salida pacífica del Régimen, era la aceptación de la monarquía como forma de gobierno y así quedó plasmado en la Constitución Española.
A lo largo de estos treinta años de reinado de Juan Carlos I, se han producido diversos acontecimientos que, en la línea de consolidar la monarquía, han dejado en el camino varios cadáveres políticos.
La finalidad de este artículo es identificar estos personajes y exponer los motivos por los que, en mi opinión, pueden ser calificados con este apelativo. Dejo al margen los cadáveres económicos, caso Manuel Prado y Colón de Carvajal, que se ha tragado los “sapos” correspondientes a algunos “negocios” extraños de la monarquía.
El primero de ellos y el que tiene el dudoso honor de encabezar la lista, es su propio padre, Don Juan de Borbón, cuya obsesión por ser Rey de España le llevó a cometer actos tan irresponsables como sumarse al alzamiento militar, entrando en España bajo nombre falso, teniendo que ser detenido por las fuerzas franquistas y devuelto a la frontera. Posteriormente, y tras el triunfo de los aliados en la II Guerra Mundial, publicar el llamado “Manifiesto de Lausana” en el que reclamaba indirectamente la intervención aliada en España para restaurar la monarquía en su persona como garante de las libertades democráticas. Comprobada la inutilidad del Manifiesto, reunirse con el general Franco para entregarle a su hijo Juan Carlos a fin de que fuese educado en España, con la esperanza de que a la muerte de Franco, él asumiría la Corona, previa renuncia de su hijo, al que creía dominar. Y finalmente, participar, directa o indirectamente, junto a representantes de partidos republicanos, en todos los conciliábulos que tenían lugar en las décadas de los años sesenta y setenta.
La realidad es que llegado el momento de la designación de Juan Carlos, a Don Juan la noticia le coge fuera de juego, a pesar de contar con un Consejo Privado que, teóricamente, le debería informar de lo que acontecía en España. Su reacción ante este nombramiento fue tan violenta que disolvió este Consejo y suspendió todo tipo de contactos con su hijo, situación que perduró durante varios años. Al final, y ante la realidad de los hechos, cedió en su pretensión y reconoció a su hijo como Rey de España, pasando a la Historia, como hijo de Rey, padre de Rey, pero sin llegar a reinar nunca.
Siguiendo un orden cronológico, el segundo cadáver es Carlos Arias Navarro, franquista declarado, que había desempeñado diversos cargos políticos durante la Dictadura y que fue nombrado Presidente del Gobierno a la muerte del almirante Carrero Blanco. Desde este puesto inició una tímida reforma política que fue duramente criticada por los inmovilistas del sistema. Al producirse la muerte del general Franco y el posterior nombramiento de Juan Carlos como Jefe del Estado, Arias Navarro presentó su dimisión al Rey, que no fue aceptada en base a que, según la Corona, estaba siguiendo una línea adecuada de apertura.
Al cabo de seis meses y cuando ya se había diseñado el programa de la Transición en el que evidentemente Arias Navarro no tenía cabida, fue llamado por el Rey para pedirle la dimisión que seis meses antes le había rechazado. Ignoro las razones expuestas por el Jefe del Estado para justificar este cambio de actitud en tan corto intervalo de tiempo.
Arias Navarro accedió a la petición y se retiró de la vida pública con el título de Marqués de Arias Navarro.
El tercer cadáver de esta lista es Torcuato Fernández Miranda, catedrático de Derecho Político, mano derecha del almirante Carrrero, preceptor del Rey y uno de los promotores del nombramiento de Juan Carlos como sucesor de Franco, a título de Rey. Fue Vicepresidente del Gobierno con Carrero Blanco y, curiosamente, cuando éste muere a consecuencia del atentado terrorista, no es nombrado Presidente. Fue asimismo el redactor material del proyecto de la Transición.
En diciembre de 1975, es designado Presidente de las Cortes y del Consejo del Reino, puesto desde el que dirigió el proceso, facilitó la llegada de Adolfo Suárez a la Presidencia del Gobierno y condujo la tramitación y aprobación de la Ley para la Reforma Política, norma legal básica para la posterior evolución de los acontecimientos.
En mayo de 1977, y tras la decisión de Adolfo Suárez de presentarse a las elecciones generales, rompiendo así el programa diseñado, liderando un conglomerado de “partidillos” y políticos ambiciosos que formaron la UCD, Torcuato se entrevista con el Rey y le transmite su oposición a esta decisión, dado que en el plan trazado y llegado a este punto, Adolfo Suárez se retiraría y entraría en escena otro personaje de mayor calado, como Fraga, Areilza, Osorio, etc.
El Rey que había congeniado con Adolfo Suárez, dada la ligereza de ambos en asuntos de Estado, hace caso omiso a estas observaciones y expresó su aprobación a la aventura que iniciaba Adolfo Suárez.
Coherente con su planteamiento y conociendo perfectamente las características personales de Adolfo Suárez, Torcuato presentó la dimisión de todos sus cargos y se exilió voluntariamente a Londres, donde falleció al cabo de 3 años.
Fue condecorado con el Toisón de Oro, máxima distinción borbónica, y nombrado Duque de Fernández Miranda.
El entorno del Palacio de la Zarzuela se encargó eficazmente de borrar su figura y su papel en el proceso de la Transición, hasta conseguir su práctica desaparición, ya que su presencia podía ensombrecer la figura del Rey.
Siguiendo este orden cronológico, el cuarto de la lista es el propio Adolfo Suárez González. Este curioso personaje del que se ha escrito y hablado hasta la saciedad, se encuentra actualmente en un estado físico lamentable y es ahora cuando se intenta rehabilitar su imagen. En otro artículo expondré mi opinión al respecto, basada en el conocimiento de la persona y de su entorno, que probablemente discrepará de las versiones oficiales.
Su característica humana más importante fue la ambición a la que supeditaba el resto de su actividad. Se inició en la política de la mano de Fernando Herrero Tejedor, compañero de promoción de su suegro, y a su muerte siguió en el entorno de Carrero Blanco, cerca de Torcuato Fernández Miranda. Le promovieron a la dirección de Televisión Española para cuidar y ensalzar la figura del príncipe Juan Carlos. Cuando accedió a la Presidencia del Gobierno, y en especial, en la primera fase, fue un colaborador eficaz de la monarquía. A partir del año 1979, aprobada la Constitución y eliminado Torcuato Fernández Miranda, inicia una pugna con el Rey para erigirse en protagonista de la Transición. Llegado este punto, en mi opinión, Adolfo Suárez no valoró bien sus fuerzas y, probablemente, dejándose llevar por sus ideas republicanas, heredadas de su padre, comenzó a distanciarse de la Corona y a actuar por su cuenta.
Este cambio de actitud y la popularidad que iba adquiriendo la figura de Adolfo Suárez fue captado por el entorno del Rey, que no veía con buenos ojos esta nueva situación, por lo que reaccionó rápidamente dándose la orden de “acoso y derribo” del Presidente del Gobierno.
En esta miserable tarea participaron importantes financieros, “personajillos” de su propio partido cercanos a la monarquía (Óscar Alzaga, Miguel Herrero, Alfonso Osorio, Fernando Álvarez de Miranda, etc.) que iniciaron sucias maniobras internas para destruir la coalición UCD y, fundamentalmente, los medios de comunicación, que pasaron a tratarle de héroe a villano en cuestión de días.
El propio Adolfo Suárez colaboraba inconscientemente en esta campaña, con su política errática de tintes tercermundistas y su falta de autoridad para terminar con la rebelión interna de su partido.
Al cabo de dos años, la situación se hizo insostenible, por lo que el Rey, una vez conseguido el fin buscado con la Operación “Derribo”, le llamó a su despacho para pedirle la dimisión, que como en el caso de Arias Navarro, zanjó con la concesión del Ducado de Suárez.
Digo y afirmo que Adolfo Suárez fue obligado a dimitir, en base a comentarios posteriores hechos por él mismo, en mi presencia, y teniendo en cuenta sus características personales entre las que no cabía el concepto de dimisión.
El quinto miembro de esta ilustre relación es Alfonso Armada Comín. Este Teniente General, Preceptor del Rey y Secretario de la Casa Real, fue víctima de unas conjuras palaciegas y militares que coincidieron en el tiempo, aunque se gestaron por derroteros diferentes. Ambas partían de una realidad común, la situación política en España a finales del año 1980 era insostenible, debido a una serie de factores entre los que pueden destacarse los siguientes: descontrol total del proceso autonómico, numerosos atentados terroristas con víctimas militares, descomposición interna de la UCD, incapacidad del Presidente para abordar los problemas, enfrentamiento con la Corona, política exterior en desacuerdo con nuestra situación geopolítica, etc.
La conjura palaciega estaba planteada ante la posibilidad real de que Adolfo Suárez no se aviniera a dimitir cuando se lo pidiera el Rey. Se celebraron varias reuniones en las que estuvieron presentes destacados miembros del PSOE, del PCE y del entorno de la Casa Real. La que trascendió a la opinión pública fue la que tuvo lugar en el domicilio del Alcalde de Lérida, el socialista Ciruana, en la que estuvieron presentes, Joan Raventós (secretario del PSC), Enrique Mújica (PSOE), Jordi Solé Tura (PCE) y Alfonso Armada. En ellas, se acordó dar un golpe de estado “blando”, dentro de la legalidad, mediante la presentación de una moción de censura contra el Gobierno, que contaría con el apoyo de parte de UCD. A continuación se propondría un gobierno de unidad nacional, presidido por Alfonso Armada. Esta solución calmaría a los militares, mantendría la Corona al margen de la operación y desaparecía la figura de Adolfo Suárez que tantos dolores de cabeza estaba causando en La Zarzuela.
Paralelamente se estaba gestando otro golpe más violento, pero con escasas posibilidades de éxito, como se pudo comprobar posteriormente.
La aceptación de la dimisión por parte de Adolfo Suárez dio al traste con el golpe palaciego, pero no así con el militar que siguió adelante.
Lo sucedido después es de sobra conocido y Alfonso Armada se vio obligado a sacrificarse en aras de salvaguardar la imagen de la Corona en esta trama.
A partir de este momento, nadie volvió a cuestionar el papel trascendental del Rey en la consolidación de la democracia, mientras que Alfonso Armada vive retirado en sus tierras gallegas dedicado a labores agrarias, después de haber cumplido condena por intento de golpe de Estado.
Y por último, el que cierra, por el momento, esta ilustre lista de personajes, víctimas de la monarquía, es Sabino Fernández Campo, asturiano como Torcuato y también sufridor de las veleidades reales. Desempeñó distintos altos cargos en la Administración General del Estado y en el año 1977 pasó a ser Secretario General de la Casa Real.
En este puesto se encontraba cuando sucedieron los hechos del 23 de febrero. Durante esas seis largas horas que van desde las 6,30 de la tarde, en que el coronel Tejero irrumpe en el Congreso de los Diputados hasta la 1,00 de la madrugada, en que el Rey aparece en televisión, el papel de Sabino tuvo que ser fundamental, intentando explicar a los Capitanes Generales lo que realmente había ocurrido. Nunca sabremos el contenido de estas conversaciones ya que sus protagonistas tienen un sentido del honor, de la lealtad y del servicio a la patria que les impide atestiguar la realidad de los hechos.
A partir de aquí, Sabino Fernández Campo intentó poner orden y sentido común en una familia que no se caracterizaba precisamente por el ejercicio de estas virtudes.
Las relaciones sentimentales del Príncipe, los viajes y “cacerías” del Rey, los negocios turbios de la Corona y los enredos de la familia real, fueron temas que Sabino Fernández Campo intentó reconducir en la medida de lo posible. Al principio, esta actitud fue bien entendida por el Rey que le nombró Jefe de la Casa Real en el año 1990.
Posteriormente y debido a su constante enfrentamiento con el propio Rey para tratar de impedir la comisión de actos impropios de una monarquía moderna, fue cesado en el año 1993, mediante un extraño proceso, concediéndole el título de Conde de Latores con Grandeza de España.
En sus Memorias, Sabino Fernández Campo, desliza comentarios acerca de su estancia en la Casa Real, pero su sentido del honor no le permite relatar la verdad de los acontecimientos.

Lo descrito en estas líneas es la versión personal, probablemente errónea o sesgada, de unos personajes que colaboraron eficazmente con la Corona para consolidar esta institución y que, finalmente, sufrieron en sus propias carnes los designios borbónicos. En ningún momento, lo que se dice en este artículo contradice la versión oficial de los hechos, solamente se extraen conclusiones, basándome en la experiencia y en el análisis de los acontecimientos, que, en último lugar, siempre benefician al auténtico instigador de los mismos.



Ávila, 29 de agosto de 2007